Durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) uno de los proyectos a los que dio prioridad fue la creación de una plataforma de ciudadanos que alertaran casos de corrupción. No obstante, hasta febrero pasado, la dependencia federal no tenía registros de que alguno de los casos denunciados haya sido resuelto.

Fue el 11 de junio del 2020 cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.

En dicha publicación se define a un alertador como la persona que “proporciona información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sean probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos actos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

También se precisa la creación de la página web: https://alertadores.funcionpublica.gob.mx como parte del sistema de alertadores.

De acuerdo con información de la SFP divulgada como respuesta a una solicitud de información de un peticionario, desde su creación y hasta el pasado 22 de febrero, se habían recibido 5,106 “alertas” o denuncias a través del sistema de alertadores; de ellas no se tenían datos de que hubieran sido resueltas.

“Respecto a ‘Se solicita documento donde se indique cuántos asuntos han resuelto derivados y expuestos de la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción’ (Sic)., le informamos que no se localizó una expresión documental que atienda su requerimiento con ese nivel de detalle”, precisó la dependencia federal a través de la solicitud de información con folio: 0002700065621.

La SFP acotó que las alertas habían sido atendidas “en términos de los procesos que marcan los numerales Décimo Quinto y Décimo Sexto de los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, es decir, determinando la necesidad de requerir mayores elementos a la persona alertadora, la procedencia de la misma y con ello, su remisión a la instancia investigadora, o bien declarar la incompetencia del asunto, remitiendo a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública”.

hector.molina@eleconomista.mx