En lo que va de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, que inició el 1 de septiembre del año pasado, se han presentado 12 iniciativas que buscan reformar diversas disposiciones de la Constitución mexicana, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar la protección de los derechos de los comunicadores y defensores.

Cabe recordar que en lo que va del año 14 periodistas han sido asesinados en nuestro país.

De estas iniciativas, dos fueron presentadas en el Senado de la República por el grupo parlamentario de Morena y una más por Acción Nacional.

En la Cámara de Diputados, tres han sido presentadas por el PAN, dos por Movimiento Ciudadano, mientras que el PRI, Morena, el PRD y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara Baja han presentado una, respectivamente.

Esta última destaca ya que busca expedir la ley general para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas. La modificación propone abrogar la ley vigente en el tema para indicar que se considerará de interés público la actividad que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y comunicadores, por ser actividades de alta responsabilidad.

Asimismo, detallar los delitos que procederán por denuncia o por oficio cometidos contra estos grupos, y crear unidades de investigación y análisis estratégico para la atención de delitos cometidos contra la defensa de los derechos fundamentales y la libertad de expresión.

Además de incluir el secreto profesional como un derecho a resguardar, a la identidad de las fuentes de información a que tiene acceso el comunicador y garantizar la seguridad de éstos y mejorar las condiciones laborales de aquellos periodistas independientes.

Halconeo

A través del senador panista Ismael García Cabeza de Vaca se busca tipificar como delito federal la búsqueda de información sobre las acciones de las fuerzas de seguridad, bajo el modo conocido como halconeo.

La iniciativa pretende adicionar el artículo 129 Bis al Código Penal Federal y una pena de siete a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien facilite información a la agrupación delictiva, cualquier acción de las labores de las corporaciones de seguridad pública o instituciones de procuración e impartición de justicia.

En este sentido, el pasado 2 de agosto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato la reforma al artículo 222-b del Código Penal estatal,  el cual estableció la pena para el delito de halconeo.

La disposición establece una pena de dos a siete años y de 20 a 70 días de multa a quien realice cualquier acto para obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La organización Artículo 19 indicó que si bien estas modificaciones se plantean para combatir el crimen organizado, las normas criminalizan la supervisión y monitoreo de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. El delito de halconeo ahora se encuentra establecido en 22 entidades.

Cabe destacar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exhortado en diversas ocasiones al Estado mexicano a derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión.

Desde Tijuana, levantan la voz por asesinatos

Con velas y pancartas con las frases “¡Ni uno más!” y “Cárcel a los asesinos de comunicadores”, integrantes del colectivo #YoSíSoyPeriodista protestaron en la madrugada de este jueves en Tijuana, Baja California, para exigir justicia por los tres comunicadores que fueron asesinados en los últimos días.

El colectivo, el cual convocó a la marcha, caminó desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la localidad hacia las oficinas de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado y finalizó en el edificio de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los manifestantes pidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga para que revise el Mecanismo de Protección a Periodistas en México, ya que recientemente fueron asesinados tres comunicadores: Rogelio Barragán, de Guerrero; Edgar Nava, de Guerrero y Jorge C. Ruiz, de Veracruz.

Por otra parte, exigieron que el gobierno federal, las administraciones estatales y el Congreso de la Unión actúen desde sus ámbitos ante las agresiones. (Redacción)