El delito de feminicidio tendrá su “expresión más extrema” hacia 2030, con un crecimiento anual de 9.0%, al pasar de 960 feminicidios en promedio a 2,477 en ese periodo, en caso de que no haya una estrategia integral y bien articulada a nivel nacional para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su tercera entrega de fiscalización a la Cuenta Pública 2019, la Auditoría realizó una amplísima revisión a los programas, estrategias, leyes y acciones por parte de la Federación y su armonización con los estados y municipios.

“La ASF estimó que, a 2030, los feminicidios presentarán una tendencia creciente, por lo que en el periodo 2019-2030, tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9.0%, al pasar de 960 feminicidios a 2,477 en ese periodo, de conformidad con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por lo que de mantenerse las condiciones presentadas a nivel nacional en el periodo 2015-2019, se encontrará presente el riesgo de que la violencia contra la mujer incremente en su expresión más extrema”, advirtió.

Argumentó que de acuerdo con el Índice sobre las condiciones de las entidades federativas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, ninguna de las 32 entidades federativas reunió los 34 elementos básicos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

“La tendencia creciente que podrían presentar los feminicidios sería el reflejo de las deficiencias encontradas en la evaluación del diseño, la gestión y la implementación de la política, referentes a la desarticulación de los diseños normativo, institucional, programático, presupuestario, de procesos, de evaluación y de rendición de cuentas; la carencia de una estrategia nacional que conjunte esfuerzos y la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, estos últimos que, a 2019 no se visibilizó su participación en la política, y en el caso de las entidades federativas, no en todas se logró armonizar el marco legislativo local con el federal”, advirtió la ASF.

Apuntó que, con base en las tendencias registradas por el SESNSP, y de continuar con el diseño desarticulado como hasta el cierre de 2019, “la política pública para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no tendría el efecto esperado, la erradicación de la violencia contra las mujeres, que motivó la emisión de la ley hace más de 12 años, al no generarse las sinergias necesarias para abatir el problema público identificado en los diagnósticos oficiales y, en consecuencia, no se contribuiría a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres”.

Destacó que si bien la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres consideró que para generar estimaciones de fenómenos sociales es necesario utilizar modelos estadísticos probados y calibrarlos constantemente, “en el caso de la violencia de género en el país, es necesario que se establezca una metodología avalada por las dependencias involucradas en la generación de la información que se defina a utilizar”.

Al revisar y comparar la Ley General, el Reglamento y los Modelos de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Auditoría determinó que no se incluyó un diagnóstico sobre la situación actual de la violencia y los feminicidios como lo señalan los lineamientos para la elaboración de los modelos. “No se realizó un análisis profundo sobre la problemática, sus causas y efectos, así como un estudio de la población que está siendo afectada con el problema”, advirtió.

Apuntó a pesar de que en la ley general señala que las acciones de prevención deben estar enfocadas a combatir la violencia en el ámbito familiar; laboral y docente; social o de la comunidad; institucional y feminicida, no se abarcan ni relacionan los componentes de prevención con los ámbitos de aplicación y, en algunos casos, ni siquiera se identifican.

“No se definieron las responsabilidades y actuación de los entes participantes en el desarrollo del modelo, de acuerdo con el componente y líneas de acción, que por su naturaleza puedan contribuir a su implementación, ya que sólo se estableció un apartado con las instituciones participantes o colaboradoras, sin distinguirlas”, planteó.

La Auditoría también reveló un vacío legal y de autoridad, la ley general identifica como un actor a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la cual fue un órgano auxiliar de la Segob; pero con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, las atribuciones de seguridad pública se transfirieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “por lo que debería definirse con precisión en el modelo, quién asumirá las atribuciones de la CNS en materia de prevención”.

Asimismo, la Auditoría dijo que dentro de los 12 actores involucrados por ley, no se identificó a la SEP en la implementación, a pesar de que tiene atribuciones definidas en materia de prevención e incluso ocupa la presidencia de la Comisión de Prevención del Sistema.

Añadió que tampoco se mencionó a Cultura, a la SSPC y al INPI, instituciones que forman parte del SNPASEVM; ni a la SCT; la SE; la SFP; la SHCP; la CEAV; la CONADIS; el INAPAM, y al SNS (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, y PEMEX), dependencias y entidades que tuvieron atribuciones en el eje de prevención, dentro del PIPASEVM 2014-2018, lo cual se considera una inconsistencia entre el modelo, la normativa y su planeación de mediano plazo.

La ASF advirtió que los modelos no cuentan con tres indicadores básicos requeridos para la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También destacó que hasta el 2019 no se había implementado el proyecto de modelo del eje de prevención, aprobado por la Comisión de Prevención en 2017, por lo que las acciones que a continuación son realizadas por cada integrante del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), las instituciones del SNS y las dependencias y entidades de la APF a las que les asignaron responsabilidades en el PIPASEVM 2014-2018, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.

jorge.monroy@eleconomista.mx