En México se mantiene el debate sobre incluir la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como aumentar las penas por este ilícito.

A finales del 2016, el Senado de la República aprobó el dictamen para aumentar las penas sobre la portación de armas, pero en la Cámara de Diputados no ha avanzado la minuta.

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha solicitado reiteradamente que a la portación de armas y municiones se le aplique la prisión preventiva; la organización no gubernamental Por un México sin Armas se ha pronunciado al respeto, así como la activista Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por un ciudadano, con número de folio 0000700176417, hasta agosto del 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía el registro en todo el país de 795,478 armas de fuego.

Por ejemplo, mientras en el año 2000 se registraron 844 armas de fuego, en el  2016 pasó a 53,204.

Al corte del 2017, el estado con mayor número de registros de armas era Michoacán —entidad donde inició la denominada guerra contra el narcotráfico en el 2006—, con 92,353; le siguió Jalisco con 70,997 y la Ciudad de México con 67,859 armas.

Asimismo, el Estado de México con 68,721; Guerrero, 56,000; Nuevo León con 39,926; Sinaloa, 32,265; Oaxaca, 37,468 armas; mientras que Veracruz tenía 29,520. El estado con menor cantidad de armas registradas era Aguascalientes, con 3,169.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su capítulo de Sanciones, artículo 77, estipula que serán sancionados con 10 a 100 días de multa quienes posean armas y municiones sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, el artículo 81 menciona que se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de 50 a 200 días de multa a quien porte armas de uso exclusivo del Ejército.

La Sedena tiene la campaña de canje de armas de fuego que se lleva a cabo en coordinación con los diferentes estados del país, los ciudadanos en los módulos establecidos a nivel nacional llevan sus armas y posteriormente personal militar las destruye. A cambio reciben cierta cantidad de dinero.

En el 2015 fueron destruidas 15,846 armas de fuego; y para el 2016 fueron recolectadas 11,017 armas; 1,534 granadas y 225,653 cartuchos útiles.

uso de armas largas en delitos

El pasado 1 de marzo, el subsecretario de Información e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, José Gil García, informó que se ha incrementado el uso de armas cortas y largas de alto calibre en la comisión de delitos, ya que en lo que va del 2018 aumentó el número de aseguramientos comparado con el 2016 y el 2017, en aproximadamente 18 por ciento.

LEGISLAR CONTRA el MERCADO ilícito

Especialistas consideraron que reforzar la seguridad ante la entrada ilegal de armas de fuego al territorio mexicano debe ser prioridad ante el contexto de violencia que se vive en el país, y de manera complementaria endurecer las penas por su portación ilícita.

El politólogo y experto en temas de seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Gustavo López Montiel explicó que la portación de armas no es el problema fundamental, sino que buena parte entra al país de manera ilegal desde Estados Unidos y Centroamérica, provenientes de grupos que han sido desmovilizados, por lo que es necesario más seguridad.

“Lo que incentiva al ciudadano a tener un arma de fuego es que son baratas, en comparación con otras cosas; el mercado proviene incluso de las armas que les roban a los mismos grupos de seguridad pública en los municipios e incluso el Ejército se ha visto afectado”, detalló.

Opinó que el gobierno federal ha dejado la posibilidad del combate a la entrada ilegal de armas y se deja a los ciudadanos esa carga.

Abundó que la discusión sobre la seguridad en la frontera norte y sur es fundamental, ya que, dijo: “Tener un arma no significa que una persona la va usar para un delito”.

“La reforma debería ir encaminada en fortalecer las capacidades del gobierno para evitar que haya armas de fuego de forma ilegal (...) El incentivo de tener un arma es porque están en el mercado, igual que las municiones”, mencionó Montiel.

SISTEMA PENAL “LAXO”

En tanto, el jurista Carlos de la Cruz dijo que se debe incluir prisión preventiva oficiosa a la portación de armas, reformando la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“La portación de armas es un delito, no cabe duda, y está clasificado de peligro, es un delito de mera acción, es decir que no importa si tú despliegas otra conducta, pues con el simple hecho de portar el arma se actualiza y el bien jurídico tutelado es la seguridad social, porque estás poniendo en peligro a la comunidad.

“Sin embargo, esto ha generado que se detengan muchas personas con armas de fuego de alto poder, AK 47, M 4, R 15 y se vayan (que no pisen prisión), realmente no debemos perder el contexto del país, estamos sumergidos en violencia”, planteó.

Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, de 720 carpetas de investigación que se iniciaron en todo el 2017 y hasta febrero pasado, sólo por portación ilegal de armas, en 31 casos se determinó prisión preventiva, es decir, 4.3% de los casos.

De la Cruz explicó que en el antiguo sistema penal, si se aprehendía a una persona con un arma de fuego, podría obtener la libertad bajo caución si no pasaba de un determinado calibre; si pasaba de ese rango era ir directamente a prisión.

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