En mayo próximo, funcionarios públicos de todo el país deberán entregar su actualización de declaración patrimonial como cada año. Para este 2018, la Ley General de Responsabilidades Administrativas —que entró en vigor en julio del año pasado— prevé por primera vez que la información de los funcionarios sea de acceso al público.

Con la anterior ley federal de responsabilidades, los funcionarios eran libres de precisar si la información que otorgaban a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se hacía pública o no, sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva legislación, la transparencia se convirtió en obligatoria; aunque los formatos de declaraciones aún no han sido aprobados por la instancia correspondiente.

“Lo que no está todavía en acción, por así decirlo, es la transparencia obligatoria porque no se han definido los campos que van a ser públicos de manera obligatoria, entonces los funcionarios sí siguen entregando sus declaraciones conforme a la ley, pero nosotros como ciudadanos todavía no tenemos acceso a esa información”, detalló Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, todas las declaraciones patrimoniales y de intereses “serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador (del Sistema Nacional Anticorrupción), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), emitirá los formatos respectivos”.

El pasado 7 de febrero, el CPC envió a los integrantes del Comité Coordinador —integrado por la SFP, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia— oficios en los que se somete a su consideración el Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses.

No obstante, este formato aún debe discutirse en sesión con los integrantes del Comité, en donde se estipule cuáles serán los rubros que serán obligatoriamente públicos.

“Lo que no está todavía es cuál va a ser la parte pública y cuál reservada en definitiva, la parte protegida, digamos, toda está sujeta a aprobación del Comité Coordinador (...) Una vez aprobado se necesitan modificar todos los sistemas informáticos, hay que hacer una promoción, capacitar, etcétera, yo veo muy precipitado para que esto se logre en mayo, pero esa es mi opinión”, señaló Octavio López Presa, integrante del CPC.

Además de esto, la obligatoriedad que estipula la Ley General de Responsabilidades para que los funcionarios de todos los niveles presenten su declaración también sería pospuesta.

Al abrir la página web Declaranet.gob.mx, dispuesta por la SFP para contener las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, aparece de manera inmediata un anuncio en el que se cita el Acuerdo por el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que se publicó el 14 de julio del año pasado.

En específico se hace referencia a la fracción tercera de dicho acuerdo, en donde se señala que: “La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio del 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables”.

En este sentido, antes de que entrara en vigor la Ley General de Responsabilidades, sólo los funcionarios públicos que ocupaban cargos de jefe de departamento u homólogos estaban obligados a presentar sus declaraciones.

LA PROPUESTA DEL CPC

López Presa indicó que la principal diferencia que contiene el Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses respecto del anterior es la separación de declaraciones por rango de servidor público.

Y es que, de acuerdo con el formato propuesto por el CPC, a los funcionarios públicos se les clasificaría en tres rubros: rango operativo, rango medio y alto rango; para el rango operativo se propone que llenen cuestionarios de entre cinco y siete preguntas mínimo, mientras que para los otros dos se dispone un cuestionario más amplio y con mayores requisitos.

“No sería justo que servidores públicos de muy alto nivel (...) que tienen gran exposición, que toman decisiones de alto impacto para la población, que manejan decisiones en las que están involucrados muchos cientos de miles de millones de pesos, hagan la misma declaración que los operativos, que a lo mejor solamente reciben un sueldo y no tienen ningún otro tipo de responsabilidades”, afirmó López Presa.

CANDIDATOS, SIN OBLIGACIÓN

A pesar de que los candidatos a puestos de elección popular no están obligados a presentar declaraciones de intereses, patrimoniales y fiscales, el no hacerlo se ha convertido en una acción que pude generar grandes costos políticos, enfatizó Alexandra Zapata.

“Hemos logrado construir una cultura en donde el costo político de no presentar estas declaraciones se vuelve cada vez más caro y un candidato que quiere ser competitivo con un discurso de transparencia y rendición de cuentas ya no puede pensar en no presentar su 3de3, y eso evidentemente es una buena noticia”, dijo.

La directiva del Imco agregó que la presión que se ha generado por la sociedad civil ha provocado que los cuatro aspirantes a la Presidencia en la actualidad hayan presentado ya su 3de3, no obstante, acotó, se debe avanzar a que las declaraciones de los candidatos sean obligatorias por ley.