En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 31 revisiones a la misma cantidad de universidades públicas, dentro de las cuales encontró diversas inconsistencias, desde violaciones a las leyes de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, hasta pagos a trabajadores de los que no se tienen registros o falta de documentación que acredite que servicios y bienes por los cuales pagaron las instituciones públicas fueron entregados.

En total, en 12 universidades la ASF encontró recursos recuperables que en su conjunto ascienden a 1,334 millones 15,954 pesos y 65 centavos que provienen de los recursos federales que le son entregados a las instituciones de educación superior.

De este universo destaca el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde la ASF dictaminó que hay 435 millones 227,186 pesos y 32 centavos de los cuales no se tiene certeza de su paradero.

Entre las observaciones que hace el máximo órgano fiscalizador del país está que la universidad nayarita no contó con una cuenta de banco específica para organizar el gasto de los recursos que le fueron otorgados por la Federación.

Además de que no se presentó la documentación que justifique el gasto de 112 millones 14,400 pesos y 32 millones 321,200 “por efectuar erogaciones no financiables con los recursos del subsidio”.

En el segundo caso de mayores recursos recuperables, el de la Universidad de Guadalajara, la ASF encontró que había 303 millones 701,010 pesos y 30 centavos que la institución de educación superior no había gastado ni reintegrado a la Tesorería de la Federación, por lo cual los identificó como recuperables.

En tanto que en el tercer caso de las universidades con mayores recursos calificados como recuperables fue en Zacatecas.

“En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, registro, destino y ejercicio de los recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal”, señaló la ASF en su auditoría 2017-4-99004-15-0201-2018 201-DS.

En casi la totalidad de los casos, la Auditoría Superior de la Federación encontró deficiencias en materia de transparencia y violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Reformas y seguimiento

Derivado de los casos en los que se generaron observaciones sobre los recursos públicos asignados a las universidades, la ASF generó en total 24 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias: en las universidades de Guadalajara, Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Coahuila, Campeche y Colima.

En tanto que no hubo registro de alguna denuncia penal derivado de las irregularidades encontradas.

Para Marco Antonio Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y director del Programa de Educación y Corrupción de México Evalúa, los casos de las universidades son muestra de la necesidad de reformas a las leyes vigentes.

“Lo que evidencia los casos que ha documentado la ASF es la urgente necesidad de revisar la ley de adquisiciones y contrataciones públicas tanto federal como en los estados. (Es) urgente la necesidad de cambiar ese marco legal, de fortalecer el marco de la transparencia en el funcionamiento de las universidad para que estas cosas sean mucho más difíciles de hacer”, dijo.

El especialista refirió que son diversas las áreas de oportunidad que mantienen las universidades públicas.

“Hay un problema serio en la forma en la que se utilizan los recursos, no sólo en la nómina sino también en una serie de contrataciones de servicio para las propias instituciones y eso a pesar de que la Ley General de Transparencia establece la obligación de transparentar todos los recursos que reciben públicos, estatales o federales, basta con darse una vuelta a los portales de las universidades y no hay transparencia; lamentablemente la opacidad es el ambiente perfecto para hacer uso indebido de los recursos del erario”, enfatizó.

Por otra parte, Fernández afirmó que la Auditoría Superior también debe ser más transparente y proactiva en cuanto a los procedimientos administrativos que promueve y las denuncias penales que derivan de las revisiones que practica.

“No (hay que) solamente celebrar los hallazgos... Está bien, ya encontraron (irregularidades), pero dónde está la denuncia, dónde está el procedimiento de responsabilidad, cuánto se recuperó de los recursos indebidos que se apuntan a ese caso a las universidades; esas preguntas que también son sustantivas nadie las hace”, manifestó.

El investigador de México Evalúa concluyó que se debe exigir al órgano fiscalizador que informe sobre la efectividad que tiene al descubrir los casos de presuntos desvíos.

En este sentido, cabe señalar que derivado de la Cuenta Pública 2017 y desde la entrada del auditor David Colmenares, la ASF no ha presentado denuncias penales sobre desvíos de recursos e irregularidades sobre el uso de los mismos.

El dato

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por presunto lavado de dinero, expuso Santiago Nieto, titular de la UIF.

“La UAEH recibió recursos provenientes de Suiza (...) Se tienen bloqueados poco más de 156 millones de dólares para que no puedan ser utilizados, en tanto no se esclarezca el origen y destino de los recursos”, dijo.

Anteriormente, el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países para una universidad local, entre ellos Suiza, España, y Reino Unido. (Elizabeth Albarrán)