Autoridades y representantes de organismos internacionales llamaron a los gobiernos locales y federal para que la política no obstruya el combate a la corrupción en México a través de una eficiente fiscalización de los recursos públicos.

Durante el foro Mejores Prácticas en Materia de Fiscalización organizado en la Cámara de Diputados este miércoles, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, indicó que “es evidente” que en los estados del país el trabajo de las auditorías locales está vinculado a los temas políticos, por lo que demandó que a las auditorías locales se dé mayor autonomía.

“No podemos pensar ser realmente efectivos en la lucha contra la corrupción en el estatus en el que muchos estados han mantenido a las auditorías superiores de los estados: es evidente que sigue una vinculación política, una gran dependencia para su funcionamiento y a veces obstáculos para que se mantengan en el cargo los auditores superiores”, dijo.

El titular de la Auditoría Superior indicó que hay la percepción por parte de los gobernadores de que “tener un auditor a modo” les ayudará a realizar mejor el trabajo.

“Finalmente tenemos que entender que cuando las cosas fallan, fallan y no las podemos ocultar: ha habido presiones a los auditores superiores de los estados, es el caso de Guerrero”, apuntó.

El auditor superior de la Federación refirió que en la entidad se suscitan cuestiones como retener el presupuesto de la auditoría estatal, remover a integrantes de la institución o incluso realizar auditorías personales a los mismos titulares de la auditoría.

En este sentido, Rosa María Cruz Lesbros, quien acudió en calidad de representante del Banco Mundial, afirmó que los órganos de auditoría locales deben ser parte fundamental para cuidar las finanzas públicas y no deben ser vistos como “un órgano que golpee políticamente”.

La especialista añadió que se debe repensar si la estrategia para combatir la corrupción se debe de enfocar en cazar corruptos o prevenir, pues, ejemplificó, en la anterior administración la Secretaría de la Función Pública tenía 237 contralores, de los cuales 66 eran contadores y 124 abogados, lo que daba un enfoque punitivo y no preventivo a las auditorías.

Mientras que Jacobo Pastor García, especialista en políticas de integridad y compras públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que “los gobernantes deben darse cuenta de que un auditor a modo no sirve; uno que hace bien su trabajo le es útil al gobierno para generar información, evaluar su actuar y preparar su futuro”.

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