El gobierno federal prometió al inicio de la administración, en diciembre del 2018, apoyar para fortalecer a las policías locales, no obstante, sólo se ha ampliado la militarización en el país, aseveró la organización Causa en Común.

Al encabezar el foro “Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías” con autoridades del Edomex e Hidalgo, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, resaltó la necesidad de profesionalizar a las policías locales y a las fiscalías de los estados.

Criticó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, en el rubro de seguridad, el gobierno federal mantiene un “énfasis militarista” a costa de los presupuestos que corresponden a las policías locales.

“La militarización, no sólo de la seguridad pública, sino de muchas otras áreas que corresponden al ámbito civil, es un abuso; primero contra las mismas Fuerzas Armadas pero, además, no es compatible con una República democrática y tampoco nos dará las soluciones que buscamos”, afirmó.

Alertó sobre el asesinato de policías en todo el país, ya que de acuerdo al Registro de Policías Asesinados que realiza la propia organización desde 2018, en colaboración con una red de periodistas, en el estado de Hidalgo se registraron dos asesinatos de policías en el 2018 y el 2019; y de enero a septiembre de este año ya se registran cinco asesinatos.

En cuanto al Estado de México, en 2018 y 2019 fueron asesinados 47 y 23 policías, respectivamente; mientras que en lo que va de 2020 han asesinado al menos a 34 elementos.

Durante el foro, Kelsey Orr, oficial del Programa de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, expuso que su gobierno apoya a nuestro país a través de la Iniciativa Mérida para fortalecer a sus instituciones y capacitar a las policías. “Una institución policiaca necesita de capacitación, que todos los policías mexicanos implementen estándares internacionales para llevar a cabo su trabajo”, sostuvo.

Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, propuso que para lograr una mejor procuración de justicia, el país necesita una reforma a nivel constitucional: “el presidente, al inicio de su administración, habló del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y no ha ocurrido nada”, por lo que pidió que, de manera constitucional, “se establezca un salario de mínimo 15,500 pesos mensuales a nivel nacional para todos los policías, seguido de una estrategia de combate a la delincuencia común y la delincuencia organizada”.

Raúl Arroyo, procurador de Hidalgo, dijo que se necesita “apostar por un nuevo funcionamiento de la Procuraduría”, a través del uso de tecnología y evitar la corrupción”.

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