Con el fin de impulsar la defensa de los derechos fundamentales en México, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores propone reformar la Constitución para que las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de los derechos humanos sean vinculatorias.

"El hecho de que la justicia mexicana esté avanzando hacia el reconocimiento de las resoluciones en materia de derechos humanos a nivel internacional además de ser un acto positivo en el fortalecimiento de la protección de derechos humanos en el país marca un precedente a impulsar a nivel nacional'', cita la exposición de motivos de la iniciativa que plantea reformar el artículo 102 apartado B de la Constitución, confeccionada por Damián Zepeda Vidales.

De ahí que los organismos de protección de derechos humanos deben ser reconocidos en sus resoluciones como vinculantes, amplía.

La propuesta consiste en enmendar el segundo párrafo del referido apartado para precisar que los organismos de protección de los derechos humanos “formularán recomendaciones vinculatorias’’ y que todo servidor público está obligado a “cumplir’’ las que les presenten esos organismos; actualmente la obligatoriedad consiste solamente en “responder’’ las recomendaciones.

De acuerdo con el promovente del cambio constitucional, en 2011 se concretó la reforma a la Constitución más importante en materia de derechos humanos desde su promulgación en 1917.

El sonorense explicó que se dispuso desde entonces que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia’’.

Además de que se obligó al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

“La reforma de derechos humanos 2011 está interrelacionada y se complementa con la reforma de amparo, publicada el 6 de junio de ese mismo año. A través de ella el amparo se convierte en una garantía jurisdiccional de los derechos humanos ya que, entre otras muchas cosas, se estableció su procedencia contra actos, leyes u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales’’, completa la iniciativa panista.

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