Con los votos del PAN, PRI y MC en contra, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a nueve leyes para incluir los nuevos delitos, establecidos por la Constitución en el artículo 19 que requieren de prisión preventiva oficiosa. 

Entre otros delitos, el decreto, remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y entrada en vigor, prevé cambios al Código Nacional de Procedimiento Penales por los que se establece que, a solicitud del Ministerio Público, el juez de control ordenará la prisión preventiva oficiosa de quien haga uso electoral de programas sociales. 

La Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé imponer como sanción a quien cometa dicho delito el pago de hasta mil días multa y la pena de hasta nueve años de cárcel. 

Se hará acreedor a la sanción “quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstener se votar por una o un candidato, partido político o coalición…’’.

En estas modificaciones también se incluyen ilícitos como el feminicidio, robo de casa habitación, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol. 

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