El Congreso de la Unión terminó con 191 años de existencia del Distrito Federal, al aprobar la reforma constitucional que convertirá al Distrito Federal en Ciudad de México, una entidad federativa que será la capital del país, pero con autonomía en su régimen interior y en su organización política y administrativa, aunque el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.

Con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, el Senado de la República palomeó la reforma política del Distrito Federal, que fue turnada a los congresos estatales, pues requiere que al menos 17 congresos locales la aprueben para que se concrete la modificación.

Así, luego de años en negociaciones y frenos políticos, la reforma constitucional salió del Congreso de la Unión y establece que la Constitución de la Ciudad de México deberá estar lista el 31 de enero del 2017 y su elaboración estará a cargo de 100 diputados que no cobrarán por sus servicios e integrarán la Asamblea Constituyente. El jefe de Gobierno será el único que podrá presentar una iniciativa de Constitución.

La Asamblea Constituyente se integrará por 60 diputados electos por la vía de representación proporcional y 40 designados de la siguiente manera: 14 senadores, 14 diputados federales, seis personas designadas por el presidente de la República y seis por el jefe de Gobierno.

Podrán elaborar la primera Constitución de la Ciudad de México no sólo los juristas experimentados sino los jóvenes a partir de los 21 años de edad que sean postulados por partidos políticos y se abrirá la puerta para que participen residentes del Estado de México, Morelos e Hidalgo. El Instituto Nacional Electoral abrirá la convocatoria a más tardar 15 días después de que entre en vigor el decreto.

Se eliminará la figura jurídica de las delegaciones políticas para abrirle paso a las demarcaciones territoriales encabezadas por un alcalde, quienes mantendrán las facultades de los delegados pero con un consejo que exigirá la rendición de cuentas.

La Asamblea Constituyente se convertirá en Congreso local y podrá avalar o rechazar reformas constitucionales, mientras que los nombramientos del procurador de Justicia y jefe de Policía serán hechos por el jefe de Gobierno y ya no por el presidente de la República.

Las facultades financieras y la conformación de la Asamblea Constituyente enfrentaron a los senadores en un debate que duró 3 horas con 40 minutos.

El senador del PRD y seguidor de Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado, afirmó que la capital no logra la autonomía financiera y se quejó porque desde su punto de vista detrás del Constituyente hay una trampa para que el PRI y el gobierno de la Ciudad tengan una sobrerrepresentación artificial para quitarle representación a Morena.

El panista Ernesto Ruffo dijo que la capital tiene puntos vanguardistas porque está subsidiada por la Federación, por lo que el trato de ésta con los estados no es equitativo, además de que tiene el Fondo de Capitalidad.

La priista Ana Lilia Herrera dijo que mayores facultades deben conllevar mayores responsabilidades , y deberá haber un trato equitativo con respecto al resto de las entidades federativas, especialmente en la repartición de recursos y rendición de cuentas.

La panista Mariana Gómez del Campo sostuvo que la virtud de la reforma es que abre la puerta a cambios deseables, aunque es insuficiente, pues carece de una visión metropolitana y se corre el riesgo de que su ejecución sea una simulación o una transformación cosmética.

Luego de la votación, llegó al Senado el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que el hecho es histórico y es un gran paso para los habitantes de la capital . Afirmó que tomará en cuenta todas las opiniones a favor y en contra que se dieron en el pleno.

Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno, instó a Mancera a que el proceso de elaboración de la iniciativa de la Constitución se haga a través de un proceso abierto, plural, incluyente y que permita la mayor participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Los primeros senadores de izquierda, en 1988, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, fueron testigos de la aprobación al ser invitados del PRD.

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