El Senado de la República aprobó la ley reglamentaria al Artículo 29 de la Constitución que fija las reglas en caso de que se decrete estado de excepción, en un lugar o en todo el país, y establece que aun en estos casos de emergencia, estará prohibida la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, además de las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.

La ley establece que la restricción o suspensión de derechos y garantías sólo procederá en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o algún peligro o conflicto que ponga en riesgo a la sociedad, con esto el Senado abrió la puerta para que se pueda decretar el estado de excepción en casos de violencia provocados por el crimen organizado.

Y es que precisa que la perturbación grave de la paz pública se refiere a las situaciones de violencia que alteran la estabilidad social y ponen en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o una parte de ella y que representan una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado, para hacer frente a dichas afectaciones.

El grave peligro o conflicto lo define como circunstancias excepcionales que generen afectaciones de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres de origen natural o antropogénico, mientras que precisa que la invasión es la entrada de fuerzas armadas al país sin autorización correspondiente.

El presidente de la República solicitará al Congreso de la Unión el proyecto por el que quiere que se declare la restricción o suspensión de derechos en el que debe especificar el tiempo por el que se decretará el estado de excepción, la delimitación geográfica, las garantías que serán suspendidas, la gravedad de los hechos y las autoridades federales responsables de la implementación de la orden.

El Congreso de la Unión tendrá 48 horas para resolver si procede o no la petición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada directa de resolver cualquier impugnación.

La ley reglamentaria fue aprobada en lo general con 89 votos a favor y siete en contra, y en lo particular, con 83 votos a favor y siete en contra, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, dijo que con esta ley, la restricción o suspensión de garantías ya no será una declaración unilateral del Ejecutivo federal, mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, rechazó las voces que señalan que es un mal momento político para la emisión de esta ley, cuando debió haberse aprobado desde hace tres años.

El cumplimiento de obligaciones constitucionales no puede estar sujeto a valoraciones de tipo político, nuestra responsabilidad fundamental es cumplir con la Constitución , consideró.

Dolores Padierna advirtió que la ley no es fiel a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya que su centro gravitacional es la autoridad y no el respeto a los derechos humanos.

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