La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) respaldó la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes por el gobierno mexicano.

El brazo de la ONU de las Naciones Unidas para la defensa de las garantías individuales en Ginebra, Suiza, informó que tras leer minuciosamente la respuesta del Gobierno de México a dicho reporte, contrario a lo señalado por las autoridades nacionales, reafirmó que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Estado mexicano en el 2002.

A decir de la ONU-DH, el informe se elaboró de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del gobierno de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero del 2018.

El informe, “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, publicado el 15 de marzo del 2018, concluyó que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.

En el reporte se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, así como demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público.

“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre del 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante la presentación de dicho documento.

En el texto de la ONU-DH se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas. El Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.

“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reitera su llamado a las autoridades mexicanas para que implementen las recomendaciones del informe, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar la no repetición de estos eventos trágicos”, señaló el organismo multilateral a través de un pronunciamiento oficial.

A su vez, la oficina instó también a las autoridades a que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables de las detenciones arbitrarias.