En México los delitos que se registran han tenido una escalada importante en los últimos años a la par de la violencia con la que se cometen. La razón de esta descomposición en materia de seguridad pública es la impunidad y, por consecuencia, la ausencia de un Estado de Derecho, aseveró Ignacio Manjarrez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Lo que ha pasado es que no ha habido una autoridad que ponga un alto, que realmente exija que se respete la ley, que se aplique la ley, hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

En entrevista con El Economista, el directivo de la organización empresarial refirió que las afectaciones por la inseguridad que tiene el sector privado adquieren el adjetivo de “grandes”.

Detalló que los cierres de plantas por motivos de inseguridad, como los hechos por FEMSA y Lala, recientemente, han sido decisiones tomadas por las empresas para garantizar la seguridad de sus mismos trabajadores, además de que han sido impulsadas, a su vez, por las extorsiones del crimen organizado de las cuales son víctimas.

“Llega un momento en que ya es insostenible el nivel de inseguridad y prefieren (las empresas) de alguna manera proteger a sus mismos colaboradores dejando de operar, yo espero que sea de forma provisional (...) eso significa que el Estado mexicano no ha hecho, no ha tenido las estrategias adecuadas para poder contener el crecimiento de la violencia o de la inseguridad que se está viviendo en la República”, aseguró.

El mando policiaco

Como propuesta para abatir los niveles de delincuencia, el directivo de la Coparmex señaló que desde el organismo empresarial se ve con buenos ojos la implementación de un Mando Mixto, aunque, dijo, sólo en algunas zonas del país.

Manjarrez detalló que no en todo el territorio nacional se puede aplicar la misma medida de unificar los mandos a nivel estatal o incluso a nivel nacional, ya que sería contraproducente debido a los también altos niveles de corrupción que se registran.

“Hay policías municipales que tienen los recursos económicos suficientes para tener una policía bien capacitada, bien entrenada, bien equipada para poder hacerle frente a lo que tiene que ver (con) la delincuencia”, puntualizó.

Sobre la propuesta —que se mantiene en el Legislativo federal— de hacer una consulta ciudadana para preguntarle a la población sobre el nuevo modelo policial, el directivo de la Coparmex añadió que puede que dicho planteamiento no sea el correcto debido a lo tardado del proceso y la calidad de los resultados.

En principio, el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso la iniciativa de Mando Único, que pretendía desaparecer a las corporaciones policiacas locales, a fin de evitar la infiltración de organizaciones criminales.

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional, pero con un modelo distinto, que buscaba una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, quedando el esquema de Mando Mixto, el cual pretendía que todas las entidades que conforman el Estado fueran las encargadas de la seguridad pública.

En días pasados, el gobierno federal expresó que el Mando Único Policial contribuiría a tener policías mejor capacitadas y equipadas para enfrentar la inseguridad, así lo dijo el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández.

Sánchez afirmó que una importante debilidad institucional para enfrentar a la delincuencia es la de las policías municipales.

Por otra parte, Ignacio Manjarrez mencionó que hay evidencias a nivel internacional de que dicha estrategia, implementada por el gobierno federal, que consiste en capturar a 122 capos considerados como los más peligrosos para el país, no funciona.

“Si se va uno por la cabeza, los mandos de más abajo se convierten en jefes y en lugar de restar, multiplica la rivalidad entre grupos. Ahí yo lo que creo es que se debe de hacer un verdadero análisis y una verdadera investigación de todo lo que tiene que ver con los grupos del crimen organizado, desde la parte financiera, hasta la parte de operación”, dijo.

Tras atentado, renuncia exfiscal de Jalisco

El secretario de Trabajo de Jalisco renunció a su cargo tras sufrir un atentado armado que dejó varios heridos en Guadalajara, informó este jueves el gobierno local.

Luis Carlos Nájera “ha manifestado su determinación de dejar el cargo como secretario de Trabajo con el fin de salvaguardar la integridad de quienes lo acompañan en sus labores”, dijo en conferencia de prensa el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

El 21 de mayo, Nájera —también exfiscal de Jalisco— se encontraba comiendo en un restaurante del centro de Guadalajara, cuando hombres irrumpieron y abrieron fuego en el lugar. Los escoltas repelieron la agresión por varios minutos.

Nájera ha sido señalado de colusión con el crimen organizado, pero el gobernador salió a su defensa al anunciar su renuncia. “Nunca, a través de los más de 30 años que tiene como trayectoria (...) se le ha podido demostrar el más leve indicio de colusión, involucramiento (con el crimen) o cualquier acto indebido”, dijo Sandoval. (Con información de AFP)

Candidatos a diputados federales encabezan solicitudes de protección

De abril de al 29 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 30 solicitudes de seguridad para candidatos a diversos cargos de elección popular que han sido enviadas a la Secretaría de Gobernación para su análisis y resolución.

Ambas instituciones cuentan con un protocolo para dar cauce a las peticiones de protección personal para los candidatos. En ese marco, es la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor quienes se hacen cargo de la protección de los aspirantes a cargos federales que así lo soliciten.

Son los propios candidatos, candidatas y eventualmente los partidos quienes tendrán que solicitar la protección al INE, autoridad que a su vez, envía la petición a la Segob, que es la autoridad encargada de dar seguimiento y respuesta.

Hasta el momento, son Morelos, Guerrero y Nuevo León los estados que encabezan las peticiones y son los diputados federales, al menos 19, quienes más han pedido la protección.

Sobre la situación de violencia que se vive en el país, el consejero presidente del INE ha señalado que un proceso electoral como el que está en curso, requiere de paz pública, para que los ciudadanos, funcionarios de casilla, así como electores tengan esas condiciones para ejercer un voto libre y secreto.

Sin embargo, ha expuesto que la construcción de la paz pública implica definiciones claras y responsabilidades definidas. (Ana Langner)