El Congreso de la Unión incumplió, una vez más, su obligación constitucional de aprobar, a más tardar la nueva ley en materia de desaparición forzada.

Los diputados federales de la anterior Legislatura y los senadores actuales fijaron un plazo de 180 días para expedir la legislación secundaria derivada de la reforma al Artículo 73 de la Constitución, promulgada el 10 de julio del año pasado.

Este artículo precisa, en su fracción XXI, que entre las facultades del Congreso mexicano se encuentra expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral .

Y de ahí que diputados federales y senadores tenían seis meses, a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la enmienda constitucional referida, en el Diario Oficial de la Federación, para expedir la legislación secundaria.

La legislación a que se refiere el presente transitorio deberá regular el sistema nacional de búsqueda de personas’’, cita el decreto correspondiente.

La citada enmienda refiere, en su artículo tercero transitorio, que la legislación en materia de desaparición forzada de personas, así como de otras formas de privación de la libertad, entre las que destaca la tortura, continuará vigente hasta que entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso mexicano. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales , ordena también.

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