La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, se mostró en contra de la Ley de Seguridad Interior, de la cual, dijo, se puede dudar de su constitucionalidad.

“Nosotros estamos permanentemente violando el Artículo 21 constitucional, que establece que las funciones de seguridad pública deben estar a cargo de las autoridades civiles, pero lo están a cargo de los militares.

“Y, entonces, para justificar esta acción se expide una Ley de Seguridad Interior, entonces ya no tenemos seguridad nacional, tenemos seguridad interior, seguridad pública, y a ver qué otros conceptos nos van aumentando.Yo tengo mis serias dudas sobre su constitucionalidad, por supuesto”, dijo.

Sánchez Cordero, quien ha sido nominada por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, como la próxima secretaria de Gobernación, añadió, en el marco de la realización del seminario con víctimas de desaparición forzada, que el próximo gobierno federal será abierto y reconocerá la situación de violencia.

En este tenor, la ministra puntualizó que López Obrador le dio “carta abierta” para analizar y proponer todas las fórmulas posibles para pacificar al país, entre las que se incluyen la legalización de las drogas, amnistía a ilícitos de bajo impacto en la sociedad e incluso crear comisiones de la verdad para investigar casos específicos, que se establezcan de manera permanente en regiones del país o que se cree una instancia de este tipo a nivel nacional.

Al seminario acudió también la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta, quien vituperó que hasta ahora el equipo de transición del virtual presidente electo no ha dado importancia a la debilidad de las instituciones de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.

Ante ello, Sánchez Cordero respondió: “Sí tenemos (...) una reestructuración de raíz de las fiscalías, sobre todo no sólo de la general de la República, sino también de las de los estados”.

En entrevista al término del evento, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, indicó que la posición mostrada por la ministra “incentiva” que las víctimas estén en el centro de la reparación del daño.

Asimismo, Rochín hizo votos para que se fortalezca a la CEAV, ya que, reconoció, apenas se alcanzó la cobertura nacional de la Comisión y las oficinas no tienen la capacidad para atender a todas las víctimas.

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