El bono de confianza entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador por los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace seis años en Iguala, Guerrero, se puede agotar ante la lentitud con la que han avanzado las investigaciones del caso, aseveró Témoris Grecko.

El productor y guionista del documental Mirar Morir. Addendum, presentado por la organización civil Ojos de Perro vs la Impunidad, dijo que ya hay señales de descontento que pueden crecer, por lo cual el gobierno debe responder a ellas asegurándose de apartar al personal de la Fiscalía General de la República (FGR) que está desde la pasada administración y que tiene interés en que no se conozca lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Debe asegurarse que los investigadores tengan todas las facultades para interrogar y llamar a cuentas a quien tenga algún tipo de responsabilidad, incluido al Ejército Mexicano. Tiene que dar resultados, pero serios, obtenidos profesionalmente, no como los que hizo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado”, indicó.

La semana que recién concluye se presentó el documental Mirar, Morir. Addendum, la segunda parte al documental Mirar, Morir. El Ejército en la noche de Iguala, presentado en 2015.

Al preguntarle si es posible llegar a la verdad de esos hechos contestó: “Por el tema de la destrucción e inutilización de evidencias y el uso sistemático de la tortura, eso lo hace más difícil, pero sigue habiendo esperanza, entre las madres y los padres, sigue habiendo ganas de conocer de apoyar esas investigaciones y tenemos que confiar en que se va a llegar a algo porque es una obligación de Estado llegar a una resolución transparente, profesional, convincente, creíble de ese caso. Si no, será una victoria transexenal de la impunidad”.

Y si eso pasa —recalcó—, el gobierno de López Obrador no habrá podido resolver el caso más emblemático que dejó el régimen al que está remplazando.

En entrevista, el guionista expuso que una de las aportaciones de ese documental es la exposición de la forma en que continuó la manipulación de las indagatorias para evitar que la opinión pública se fijara en los errores en la investigación.

Además, muestra la forma en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue echado del país, “mediante una campaña de difamación” a pesar de que los padres de los padres de los normalistas desaparecidos apreciaron su trabajo y pedían que se quedaran, abundó.

En opinión de Grecko, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, generó en los padres la esperanza de que se llegará al fondo del caso y se conozca la verdad, existe inquietud, molestia y hasta desesperación por la lentitud con la que ha avanzado el proceso.

La investigación va lenta

Dijo que, si bien ahora no se aprecia que haya una orden  ejecutiva de desviar las cosas, sí ha habido mucho retraso, sobre todo en el nombramiento de la unidad especial de investigación del caso y del fiscal especial.

“Esto ha sido lento, complicado; se han tenido que vencer resistencias internas en la FGR porque en muchas plazas siguen siendo las mismas personas las que continúan haciendo la investigación”, además de que la pandemia ha retrasado mucho las indagatorias.

Destacó que es grave el daño ocasionado por funcionarios de la administración pasada en la investigación del caso, lo cual va desde la destrucción y fabricación de pruebas, hasta inutilización de evidencias y tortura.

Eso ha propiciado que no se conozca mucha información y que alguna que sí se conoce, no se puedan utilizar judicialmente, porque ha sido invalidada por el manejo que se ha hecho de ella.

Destaca que este gobierno ha recurrido a los llamados testigos colaboradores o testigos protegidos que son personas que antes no habían querido hablar por temor y ahora lo están haciendo a cambio de beneficios en sus procesos judiciales.

Comentó que la información que aportó uno de ellos fue lo que hizo posible el hallazgo de una pieza ósea de uno de los desaparecidos, Cristian Rodríguez.

Por otra parte, planteó que lo que ha cambiado en la forma de indagar el caso es que antes había una decisión presidencial de obstaculizar los avances y desviar la investigación para imponer una falsa verdad histórica, así como una estrategia de alargar el caso, con el fin de que se perdiera el interés de la sociedad en el mismo, además de desprestigiar a los expertos internacionales y activistas.

Ahora, con la nueva administración federal, existe la decisión de llegar a la verdad y justicia, pero no se ha traducido en una gestión eficiente de la investigación para generar resultados.

Aseguró que, en el caso del Ejército Mexicano, lo que está haciendo es más que nada una colaboración simbólica, de poco valor, porque se niegan a que se interroguen a miembros de sus filas, además de que han tenido tiempo suficiente del presunto paso de normalistas por el cuartel, a pesar de que existen testimonios de personas que aseguran que algunos normalistas fueron interrogados en instalaciones militares y luego entregados a gente de la delincuencia organizada.

En su opinión, el gobierno del presidente López Obrador no ha construido una narrativa sobre el caso porque no se han tenido avances sustanciales en las investigaciones.

diego.badillo@eleconomista.mx