Sólo la procuradora general de la República, Arely Gómez, puede remover a Santiago Nieto de la Fepade, en caso de que así lo considere y esta destitución puede ser objetada por el Senado de la República; no obstante, el fiscal cumplió con todos los requisitos para ocupar el cargo, ya que sólo estaba prohibido que desempeñara un cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político, en los seis años anteriores a su designación.

En la reforma constitucional en materia político-electoral precisa que sólo el titular de la Procuraduría o la Fiscalía General de la República puede destituir al fiscal electoral y el Senado tiene la facultad de objetar la destitución por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Luis Sánchez (PRD), vicepresidente del Senado, aclaró que Nieto fue asesor del grupo parlamentario del PRD durante la elaboración de la reforma constitucional en materia político electoral y las leyes secundarias al respecto y esto no fue un secreto a la hora de votar por él.

Destacó que el PRD no le pagaba su sueldo, sino el Senado y cobraba aproximadamente 60,000 pesos mensuales, sueldo de casi todos los asesores en la Cámara Alta.

La Junta de Coordinación Política, presidida por el priista Emilio Gamboa, y la Comisión de Justicia del Senado, que entonces encabezaba el hoy presidente de la Cámara, el panista Roberto Gil, fueron las instancias que se encargaron de corroborar que los aspirantes a la Fepade cumplieran con los requisitos constitucionales para el cargo.

Incluso, la junta emitió requisitos extra para los aspirantes, entre ellos no haber desempeñado el cargo de dirección en algún partido político. Nieto avaló todos los requisitos, de acuerdo con el dictamen de idoneidad que la Comisión de Justicia envió al pleno. Incluso antes de inscribirse como candidato, Santiago Nieto cabildeó su respaldo con los senadores de la Comisión de Justicia, entre ellos la Procuradora General de la República, Arely Gómez.

Nieto, avalado con 95 votos en favor, uno en contra y una abstención, era considerado uno de los expertos allegado a la magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanís.