El exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Gustavo Rodríguez González, anunció que apelará las sanciones administrativas que le impuso la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades en la ejecución de la campaña publicitaria “Cruzada Contra el Hambre, dos años cumpliendo”, en el 2015.

En conferencia con medios, sin contestar preguntas de la prensa, informó sobre la notificación que le hizo llegar Función Pública sobre una inhabilitación para desempeñar cargos en la Administración Pública Federal y por la cual decidió, antes de que se ejecute la sanción, renunciar a la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en donde se desempeñaba hasta este miércoles.

“Trabajé como director de área en la unidad de Comunicación Social de la Sedesol durante el año 2015. Respecto a mi trabajo en ese periodo he sido notificado de la resolución del Órgano Interno de Control de la Sedesol por la que se me sanciona de manera administrativa”, dijo.

Como motivo de sanción, especificó el exfuncionario público, se apeló a la presunta falta de pruebas sobre la contratación de servicios publicitarios en medios de comunicación para divulgar los trabajos de la Cruzada contra el Hambre.

“Campaña que fue una realidad y se vio como ustedes lo saben en todos los medios de comunicación en el mes de febrero y marzo del año 2015... se transmitieron 2,600 spots televisivos; más de 3,500 spots de radio, más de 500 inserciones en periódicos, así como espectaculares, carteleras banners y otros medios de comunicación complementarios además de la realización de eventos culturales y masivos”, arguyó el exfuncionario.

En total, dijo Rodríguez González, fueron más de 346 medios de comunicación los que se contrataron para la ejecución de la campaña publicitaria. Como prueba, indicó, están informes de la mismas áreas de la Sedesol así como de la Auditoría Superior de la Federación.

En un oficio que se envió por parte de la Sedesol a la SFP, leyó el exfuncionario se precisa que se presentaron “un total de 185 discos compactos y un disco duro externo de un terabyte” que se pusieron a disposición en las oficinas de Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Repito este es un oficio que envía la propia Dirección General de Programación y Presupuesto en el año 2017 en el Órgano Interno de Control mismo que no fue, hasta el momento, adjuntado en el proceso de investigación”, dijo.

Rodríguez González añadió que el Órgano Interno de Control no obedeció el principio de “exhaustividad” por lo que calificó a la investigación como “deficiente”.

El exservidor público de la Sedatu es cercano a Rosario Robles y ha fungido como su director de comunicación en las dependencias federales en la que ha fungido como titular.

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