La Secretaría de la Función Pública de México ha aumentado en forma sustancial las denuncias por corrupción ante la Procuraduría en 2010, dijo hoy Benjamín Hill, secretario ejecutivo de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional.

'Esperamos terminar 2010 con varios centenares de funcionarios y empresarios denunciados penalmente por delitos relacionados con corrupción', dijo el funcionario.

Hill Mayoral, quien participa aquí en la Conferencia Sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción, recordó que antes de 2009 la SFP presentaba a la Procuraduría entre 10 y 20 denuncias al año contra funcionarios y empresarios por corrupción.

En 2009, y debido a este nuevo énfasis, la SFP denunció a 160 personas penalmente y tan sólo en los primeros tres meses de 2010 se alcanzó el número de denuncias realizadas el año pasado, enfatizó.

Explicó que muchos de los actuales procesos todavía se encuentran en etapa de investigación, y habrá que esperar a que se concluyan para poder tener estadísticas que reflejen esta nueva política.

Aclaró que en el sistema jurídico mexicano, los ciudadanos, incluidos los servidores públicos son inocentes a menos de que se les compruebe culpabilidad en una falta o delito y, por tanto la SFP, no inventa culpables.

Indicó que se investiga con base en denuncias e información proveniente de auditorías y revisiones profesionales en las que se utilizan estrategias de inteligencia y de seguimiento a movimientos financieros sospechosos.

Cuando se encuentran elementos para suponer que ha habido un caso de corrupción, la Secretaría actúa bajo el criterio de castigo

máximo, dijo.

El funcionario reveló que se están estableciendo protocolos de colaboración entre las instancias encargadas del combate a la corrupción para profundizar las investigaciones e intercambiar en forma más eficiente la información en poder de cada dependencia.

Específicamente ha sido determinante el énfasis en la investigación con herramientas de inteligencia financiera, que permiten identificar movimientos sospechosos de recursos, dijo.

Admitió que la acumulación de trámites y controles no permitía a los servidores públicos operar con la rapidez y eficacia que la sociedad demanda.

En este sentido, dijo, la fortaleza o abundancia de controles en algunos casos, en lugar de contener la corrupción la propiciaba, pues resultaba más fácil dar una mordida que enfrentar la pesada maquinaria burocrática.

Las soluciones que se está tratando de aplicar en México responden a las obligaciones que derivan del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, así como de las Convenciones Anticorrupción de organismos internacionales, señaló.

'La política anticorrupción debe ser una política de Estado que contemple una revisión integral del marco legal y que involucre a todos los poderes y órdenes de gobierno, así como a la sociedad, y no solamente una política del gobierno federal', indicó Hill Mayoral.

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