La Suprema Corte de Justicia de México se pronuncia este miércoles sobre la eventual liberación de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por secuestro y detenida desde hace seis años, debido a una serie de irregularidades que han empañado el proceso judicial.

La propuesta del ministro a cargo del caso, Arturo Zaldívar, de conceder la "inmediata y absoluta" libertad a la francesa requiere de al menos tres votos de los cinco jueces de la primera sala del máximo tribunal mexicano. Sólo así Cassez podrá salir libre de la cárcel de mujeres localizada en Tepepan, en el sur de la capital.

El análisis por parte de la Corte de la propuesta del ministro Zaldívar puede conducir a la liberación inmediata de la francesa, a su condena definitiva, a que el caso sea retomado por la justicia ordinaria o que pase al pleno de la Suprema Corte.

El arresto de la francesa y de su ex pareja sentimental, Israel Vallarta, sospechoso de tener nexos con grupos criminales, fue presentado hace seis años como un éxito espectacular de las autoridades en la lucha contra la ola de secuestros.

El proyecto de Zaldívar, publicado el 7 de marzo, tuvo el efecto de una bomba: el presidente de la primera sala resuelve no sólo que todo el proceso estuvo viciado, sino que cuestiona a una de las más altas autoridades del gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El actual secretario era, al momento de la detención de Cassez, el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la policía federal judicial de México.

Bajo la responsabilidad de García Luna y de su adjunto directo, Luis Cárdenas Palomino, presente en el lugar de la detención, la madrugada del 9 de diciembre de 2005, elementos de la AFI protagonizaron un montaje televisivo, que presentaron como un arresto "en vivo" y el rescate de tres secuestrados.

Según el reporte de la Suprema Corte, esta "escenificación ajena a la realidad", empañó por completo el proceso, que fue viciado porque no se respetó el derecho a la asistencia consular de Cassez, no se le presentó de inmediato al ministerio público (fiscal) y se violó su presunción de inocencia.

La opinión pública, en un principio volcada en contra de la "francesa diabólica", ha modificado paulatinamente su percepción.

Numerosos especialistas, juristas e intelectuales han hecho del caso Florence Cassez un ejemplo emblemático de los vicios en la procuración de justicia en un país traumatizado por la violencia.

La crisis diplomática entre Francia y México que condujo a la cancelación del año de México en Francia dio lugar a un debate entre los mexicanos: ¿qué tipo de justicia existe en un país donde hay una tasa de 95% de impunidad en casos criminales?, ¿cuál es el lugar de los derechos humanos y el respeto a los procedimientos judiciales?

La Iglesia católica aprobó el pasado viernes el proyecto de Zaldívar en momentos en que México se prepara para recibir al papa Benedicto XVI, que el viernes inicia su primera visita a este país.

El caso Cassez también irrumpió en el terreno de la política a tres meses de que los mexicanos elijan presidente.

El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el caso Cassez "es fruto del mal gobierno, de la falta de orden, rectitud y honestidad".

Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada del ex hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), el principal partido de la oposición, respaldó el proyecto de Zaldívar.

Insistió en el interés de México, que tiene unos 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos, en el respeto de los derechos consulares.

"Tengo 11 millones de razones para estar de acuerdo en que se sancione la no asistencia consular y, sobre todo, el que no se haya guardado un debido proceso", dijo Beltrones.

MIF