En casos de violencia de género, el Estado mexicano debe garantizar a la víctima que su declaración sea tomada en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza. Asimismo, es obligación de la autoridad otorgarle asistencia jurídica gratuita en todas las etapas del proceso, fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Máximo Tribunal indicó que en las obligaciones del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que investigar las violaciones a los derechos humanos debe ser un deber jurídico del Estado y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.

También resolvieron que debe realizarse inmediatamente un examen médico y psicológico completo por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique,tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; ademas, que se brinde a la víctima asistencia jurídica gratuita.