La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio, dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con diversas tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, la ley tiene como finalidad proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Los ministros de la segunda sala exponen que en sus diversas disposiciones esta norma establece limitaciones para llevar a cabo esos actos u operaciones, imponiendo obligaciones y prohibiciones a quienes realicen actividades consideradas como vulnerables, como la de condicionar el pago y aceptar la liquidación o el pago en efectivo de diversas actividades hasta por cierto monto a razón de salarios mínimos, además de obligar a recabar información y dar los avisos que en la ley señala.

Ello, afirma la Segunda Sala, no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio reconocido por el Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no prohíbe de manera absoluta el desempeño de las actividades comerciales o profesionales, sino que sólo conlleva una restricción de las operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y el establecimiento de ciertas obligaciones para quienes realizan actividades consideradas como vulnerables.

Además se justifica por el beneficio social que busca como finalidad constitucionalmente válida evitar que los recursos de procedencia ilícita fortalezcan las estructuras de la organización delictiva.

[email protected]