La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional que el Fiscal General de la República, los Fiscales o subprocuradores de los estados, entre otras autoridades, soliciten información financiera de los particulares sin una orden judicial cuando investiguen posibles delitos fiscales, como la defraudación fiscal equiparada.

Al analizar la resolución de un juez de distrito que declaró ilegal el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, la mayoría de los ministros de la Primera Sala determinaron -sin un debate de por medio- que dicho artículo no vulnera el derecho a la privacidad (secreto fiscal) de manera arbitraria y desproporcional.

"Lo resuelto por el juez de amparo es ilegal porque el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito cumple con criterios de razonabilidad, en medida que la norma tiene finalidades constitucionalmente admisibles para la prevención y la investigación de los delitos”, mencionó el proyecto elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Dicho proyecto se basó en el estudio de un amparo promovido por el ciudadano José Gaspar Hernández Acra, quien en un litigio ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México consideró que dicho artículo transgrede el derecho a la privacidad y a la seguridad jurídica, ya que establece una excepción al secreto bancario que no satisface estándares constituciones.

Su argumento central consistió en que la norma reclamada permite a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acceder a la información financiera de particulares que se encuentra en manos de instituciones bancarias, sin control judicial, lo que consideró violatorio del artículo 16 constitucional.

“La norma controvertida no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad financiera, la facultad del Ministerio Público para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, como lo sostiene la autoridad recurrente en sus agravios” precisó el proyecto.

Es por ello que los ministros de la Primera Sala determinaron que de acuerdo con las características particulares del delito de defraudación fiscal equiparada que estudiaba en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México, las pruebas esenciales son la información contenida en las cuentas bancarias, porque solo con el apoyo de esa información se podría determinar la posible configuración del delito, "lo que justifica que no se requiera autorización judicial para obtenerla".

La Primera Sala advirtió que el secreto bancario en México se ha flexibilizado con el paso del tiempo a fin de ajustarse a nuevas realidades, “no en el sentido de destruir su esencia, sino que se han establecido nuevas excepciones en ley para que las instituciones financieras proporcionen información que les sea solicitada por determinadas autoridades".

“El dinamismo social ha generado el diseño de prácticas fraudulentas novedosas, lo cual ha requerido de una respuesta normativa que, sin dejar de lado las garantías de protección de aspectos de la vida privada relacionados con la información financiera de las personas, permitan una actuación eficaz y eficiente de las autoridades en el combate de ilícitos financieros y fiscales”, precisó.

La Primera Sala consideró que el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito prevé restricciones a las instituciones de crédito para que, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en ningún caso puedan dar noticias o información a personas ajenas de los depósitos, operaciones o servicios; aunque también establece excepciones para que las instituciones bancarias otorguen dicha información a la autoridad judicial, al Fiscal General de la República, los fiscales generales de justicia de los estados, subprocuradores, el Procurador General de Justicia Militar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Tesorero de la Federación, a la a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del INE, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado.

“Dicha norma también prevé que las solicitudes deben formularse con la debida fundamentación y motivación y por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, establece la posibilidad de que el Fiscal General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, y la unidad de fiscalización, soliciten a la autoridad judicial la expedición de la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida”, detalló.

jorge.monroy@eleconomista.mx

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