El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México para sancionar como agravante el homicidio y lesiones contra elementos policiacos -operativos y administrativos- de la CDMX, cuando éstas se cometan en su contra durante sus funciones o con motivo de ellas.

En sesión de pleno a través de videoconferencia, los ministros de la Suprema Corte validaron las reformas al artículo 138 bis del Código Penal del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de dichas reformas, el pleno del máximo tribunal consideró que el agravante de homicidio y lesiones contra policias, no viola el principio de igualdad porque se justifica dar una protección especial a esos funcionarios, ya que éstos se encuentran en especial riesgo por las funciones que se les encargan.

El proyecto original de la ministra Yasmín Esquivel Mossa daba la razón en su argumentación a la Comisión, pero por mayoría de los ministro se resolvió modificarlo para dejar en claro que el agravante de homicidio y lesiones cuando se trate de policias de la Ciudad de México no es violatorio de la igualdad entre personas, ya que se justifica en las labores que éstos desempeñan tanto en las calles como en acciones administrativas o de oficina.

En julio del 2019, el Congreso capitalino aprobó cambios al Código Penal de la Ciudad de México, a partir de una iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Entre las reformas aprobadas se estableció que en caso de lesiones u homicidio contra un policía en funciones se agrava la pena en una tercera parte, más 48 a 360 horas de trabajo comunitario.

También se estableció el delito de vejar, intimidar, maltratar o incitar a la violencia contra un policía dentro de la Ley de Cultura Cívica, con una sanción de 20 a 36 horas de trabajo comunitario inconmutable.

Los ministros de la Suprema Corte determinaron que es el ministerio público, y no la legislación per se, quien debe determinar el agravante mediante la recopilación de pruebas.  

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kg