La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) llega al proceso electoral más grande de la historia de México, —que pone en juego más de 20,868 cargos de elección popular—, con un rezago del 81% de sus investigaciones.

Y es que, según el último informe del mes de febrero sobre las actividades del órgano adscrito a la Fiscalía General de la República, a inicios del 2021, la Fede arrancó con 1,574 carpetas de investigación pendientes de resolver, a lo cual se le sumaron 59 casos presentados del 1 de enero al 28 de febrero; además de 231 carpetas que fueron reactivadas, lo que dio un total de 1,864 querellas en manos de esta fiscalía.

Sin embargo, en los dos primeros meses del año sólo habían sido resueltas 339 carpetas de investigación relacionados con acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto.

Entre lo resuelto, 10 casos fueron judicializados, en otros 10 se determinó que el caso no era de la competencia de la fiscalía y en la gran mayoría, 243 carpetas, la Fede señaló una abstención para investigar, es decir, determinó que los hechos no fueren constitutivos de delito o cuando se extinguió la acción penal.

Por otro lado, de enero a febrero de 2021, la Ciudad de México (11); el Estado de México (siete) y Puebla (seis), fueron las entidades en donde más se presentaron denuncias.

Asimismo, durante febrero, la alteración al Registro Federal de Electores, con 12 denuncias y la recolección ilegal de credenciales para votar (ocho), fueron los presuntos delitos más denunciados. Mientras que el 65.7% de las carpetas de investigación iniciadas durante el mes de febrero de 2021 provinieron de denuncias realizadas por autoridades electorales y ciudadanía en general.

Morena encabeza denuncias

En febrero también se iniciaron nueve carpetas de investigación en las que se registraron como principales personas imputadas a candidatos y candidatas, dirigentes o militantes de partidos políticos con registro nacional y local, así como a personas candidatas independientes y colaboradoras de estas.

Los integrantes de Morena han sido los que mayor número de denuncias han recibido durante los dos primeros meses del año, con 12; seguido del PAN con 3; PVEM, con una y PT, también con una.

En tanto, durante los primeros dos meses del año, la Fede ha investigado a 13 funcionarios públicos acusados de delitos como coaccionar o amenazar a subordinados (uno); condicionar la prestación de servicios públicos (tres); destinar bienes o servicios en virtud de su cargo (uno) y proporcionar apoyo en horario laboral (ocho). Además de que existen nueve carpetas relacionadas con el tema de usurpación de identidad.

En el caso de las vinculaciones a proceso, entre enero y febrero, sólo dos personas se les ha imputado y abierto un proceso judicial, ello debido a su probable participación en la alteración del Registro Federal de Electores, aunque, según el informe, durante el mismo periodo, se llevaron a cabo dos suspensiones condicionales contra dos imputados. La Fiscalía Especializada durante febrero del presente año, no dictó sentencia alguna.

Se añadió que, durante el mes de febrero de 2021, se observaron 62 juicios de amparo en trámite, de los cuales 58 corresponden a juicio de amparo indirecto y cuatro a juicio de amparo directo. Asimismo, se informa que se concluyó un juicio de amparo indirecto con sentencia favorable. 

De acuerdo con el extitular de la fiscalía electoral, Héctor Marcos Díaz Santana, hay delitos que son más complicados de perseguir como la compra y coacción del voto ya que para que el caso avance debe ser captado en el momento que se presenta el ilícito.

“La compra y coacción del voto, generalmente, se focaliza a personas en condición marginal que muchos ni siquiera saben que hay delitos electorales, segundo ellos no lo ven como un acto ilegal sino como un intercambio (…) esos delitos es muy complicado probarlos”, dijo en entrevista.

Para Díaz Santana, el delito electoral más peligroso para el país es el financiamiento del narcotráfico o el crimen organizado a la política, no obstante, reconoció que es poca la experiencia de las instituciones mexicanas en el tema. “Es uno de los temas pendientes de la agenda electoral”. (Con información de Héctor Molina)

maritza.perez@eleconomista.mx