De acuerdo con Jesús Reyes Heroles González Garza, director y fundador de la consultora EnergeA, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incurrió en falsedades al afirmar que Reyes Heroles fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, ya que éste fue titular de Energía sólo durante casi tres años del sexenio del Presidente Ernesto Zedillo. Además, sólo fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio del presidente Calderón.

“Es grave que un funcionario público de alta responsabilidad incurra en falsedad, causando daño moral al difamado, lo que está penado por la Ley. Me reservo el derecho a presentar la demanda civil correspondiente”, aseguró Reyes Heroles en una nota aclaratoria.

Según él, es grave también que un funcionario público incurra en falsedad al afirmar “hechos que sean inexactos o falsos, cuya divulgación cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen” con base en la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.

“Por esto, haré válido mi derecho constitucional de réplica, consagrado en el artículo sexto de la Constitución”, sentenció. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque cuando la información agraviante provenga de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tiene carácter de información oficial. “El recurso para que los ciudadanos nos defendamos de eso es ejercer el derecho de réplica, que constituye un contrapeso al gobierno”, dijo.

De ahí que solicitó a los medios de comunicación que transmitieron o difundieron los señalamientos que hagan las aclaraciones pertinentes, en los términos establecidos en el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, esto es, en los mismos programas y horarios y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

Reyes Heroles explicó que dejó el servicio público el 7 de septiembre de 2009, hace casi una década. Durante más de un año no realizó actividad profesional alguna relacionada con el sector energético, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente entonces.

“Por tanto, no existe conflicto de interés entre mis actividades profesionales desde entonces, y siempre me he desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos. Además, en mi opinión, ese señalamiento para años posteriores sería violatorio de mi derecho a la libre profesión, en los términos del artículo quinto constitucional”, señaló.

Por tanto, según él, las observaciones realizadas por el director de la CFE documentan un daño grave causado a su reputación y fama pública, con consecuencias de toda índole.

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