Para que la figura de revocación de mandato funcione en México se debe contar con dos parámetros mínimos: un buen diseño jurídico y una democracia que esté plenamente consolidada, lo cual no es el caso de México, por lo que la reforma en la materia puede prestarse para extender el mandato de un gobernante, advirtieron especialistas.

La semana pasada, el Senado de la República aprobó modificaciones al dictamen enviado por la Cámara de Diputados sobre revocación de mandato y consulta popular, el cual fue turnado nuevamente a San Lázaro para su análisis y eventual aprobación.

Entrevistado por El Economista, el politólogo José Fernández Santillán explicó que el peligro en la figura de revocación de mandato es que se dan los pasos para sustituir la democracia constitucional por la democracia directa, la cual, dijo, aparentemente su intención es estar más cerca de los ciudadanos; sin embargo, consideró que más bien aleja la institucionalidad de la democracia representativa.

“Aparentemente se trata de una democracia más avanzada, pero en realidad se trata de una forma elemental poco desarrollada, en el sentido de que prescinde de los partidos políticos. En esta decisión sólo hay un sí o un no, mientras que en la democracia debe haber una pluralidad de opiniones”, dijo.

Agregó que desde hace casi 90 años se estipula en la Constitución mexicana que los periodos presidenciales sean sexenales, por lo que la figura de revocación también puede plantear que no sólo permanezca un presidente o gobernador, sino que prolongue su administración.

“Es un plan con maña porque se somete a la voluntad popular, lo cual es violatorio de la ley. Es absolutamente obvio que Andrés Manuel López Obrador está operando para seguir en el poder más tiempo”, sentenció.

Cabe recordar que una de las modificaciones realizadas en el Senado a la minuta de revocación de mandato fue la de prohibir que se consulte a la población sobre ampliar mandatos. Esta estipulación deberá ser analizada y votada por los diputados.

Por su parte, el académico de la Universidad La Salle, Marcos Pérez Esquer, indicó que en el dictamen aprobado por la Cámara Alta persisten deficiencias en el diseño jurídico como que no se corrigió que la entrada en vigor del proyecto sea a partir del año 2024.

Asimismo, argumentó que en caso de que el titular del Ejecutivo federal sea revocado y asuma la Presidencia del país la o el presidente del Congreso de la Unión, ello sería ilegítimo.

“La frase del pueblo pone y el pueblo quita, pasa a: ‘el Congreso de la Unión pone y el pueblo sólo mira’, porque sería un presidente ilegítimo, ya que fue electo por una élite legislativa y no por las y los ciudadanos”, acotó el experto.

Además, advirtió que los gobiernos locales son los más vulnerados, debido a que en la minuta de la Cámara de Diputados se dejaba a consideración de los regímenes locales tener la figura de revocación o no tenerla, mientras que tras las modificaciones de los senadores se les impone la obligación de tener dicha figura.

“Hay estados de la República en donde su desarrollo y dinámica política no es la adecuada, y la revocación podría malinterpretarse en manos del gobierno federal, ya que es posible provocar una revocación de un gobernador fácilmente”, mencionó.

El académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Gustavo Montiel, consideró que sería complicado que 3% de los ciudadanos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral pueda solicitar que se inicie el proceso de revocación de mandato.

“Se necesitan casi 2 millones de personas para solicitar el proceso, lo que dificultaría su realización (...) Diversas figuras políticas con recursos y estructuras les cuesta trabajo hacer un partido político que tiene menos firmas; sería aún más complicado iniciar un ejercicio para suspender el periodo de un gobernante”, externó.

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