El Instituto Federal Electoral (IFE) hará valer sus facultades de fiscalización desde la apertura de cuentas bancarias de los dirigentes de cada partido y hasta familiares de los cuatro candidatos a la Presidencia, así como la inspección de todas las compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratos de espectaculares, traslados y mítines.

Sin duda, lo digo tajantemente, el IFE puede revisar todos los recursos de los partidos políticos para saber si el dinero proviene de los orígenes permitidos por la ley y si los partidos los aplican correctamente, sin duda podemos hacerlo , dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE, Marco Baños.

Detalló que el IFE, a través de su Unidad de Fiscalización, accederá al secreto bancario por acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para conocer los movimientos financieros de todos los aportantes, militante o no, en efectivo y en especie, con el fin de conocer si rebasaron el tope de gastos de campaña, como el PAN y el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, aseguran en el caso del aspirante del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.

El representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, solicitó al Instituto que investigue la campaña de Peña Nieto porque tan sólo en aeronaves para sus traslados el gasto ascendería, aseguró, a más de 3 millones 500,000 pesos en los primeros 18 días de campaña.

Todas las cuentas de los dirigentes y de los candidatos son susceptibles de revisión por el IFE, y cuando conozcamos los informes de los partidos y nos digan qué bienes y servicios contrataron, podemos ir directamente con los proveedores para preguntar si lo que dicen que contrataron o compraron para el proceso electoral fue legalmente adquirido. Checaremos facturas, su legalidad ante el SAT, que hayan sido expedidas efectivamente contra la entrega de bienes o servicios por proveedores, y sobre esa base determinaremos si los partidos aplicaron correctamente el dinero que les dio el IFE , explicó Baños.

Las aportaciones en efectivo se permiten hasta 10,000 pesos en tiempos campaña y los montos superiores deberán entregarse en cheque. En ambos casos, deberá identificarse plenamente a los aportantes. Los partidos están obligados a elaborar una relación de proveedores y prestadores de servicios con los que realice operaciones que superen los 500 días de salario mínimo. Para las de montos superiores a 5,000 días de salario mínimo, partidos y candidatos entregarán al IFE un expediente por cada proveedor donde se especifique la razón social, RFC, domicilio y teléfono del vendedor.

Las personas políticamente expuestas son cónyuges y personas con las que se mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado .

Para el consejero Alfredo Figueroa, en este momento de las campañas no se puede acusar rebase en el tope de gastos permitidos (336 millones 112,084 pesos) porque aún no existen los reportes de los partidos.

Pero dijo que la transparencia de los institutos políticos en sus comprobaciones, después del 1 de julio, no es una potestad, sino un ordenamiento legal.

No está sujeto a la voluntad de los partidos políticos, no es potestativo, es una obligación que tienen de reportar tanto sus ingresos de origen público como los de origen privado, sus ingresos y sus egresos , afirmó.

El consejero Benito Nacif coincidió en que el IFE tiene mayores capacidades para detectar el uso irregular de recursos públicos y recordó que ese instituto ya ha aplicado multas millonarias por desvío de recursos de Pemex en el 2000 a la campaña presidencial del PRI; luego al PAN por el caso amigos de Fox y recientemente al PVEM por contratación de publicidad sin reportarla a la autoridad, en telenovelas y revistas.

Nuestros instrumentos funcionan, sirven para corregir e inhibir conductas contrarias a la ley, ése es el efecto que buscamos, pero nadie puede garantizar que conductas contrarias a la ley no estén ocurriendo y que eventualmente la autoridad no se entere de ello... Es un instrumento y la ciudadanía puede estar confiada en su eficacia , dijo Nacif.

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