Mientras en el 2017 se observó un repunte de la violencia en el país y los retos se han incrementado en número e intensidad, la respuesta del Estado no se ha producido con igual agilidad ante los acontecimientos, expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe anual de actividades.

En el documento, el organismo nacional exhibe que el año pasado se observó un despunte de la violencia y el crimen en el país. “Los delitos cometidos con violencia, especialmente los asesinatos, han alcanzado niveles graves dentro de este siglo”.

En paralelo, hay retraso en la armonización de los marcos legales tanto en el orden federal como en el estatal; y debilidades en la planeación y en la presupuestación de recursos para fortalecer la acción de las áreas responsables de la paz y la seguridad pública.

La CNDH consideró que también existen bajos resultados en la actualización de políticas públicas en la materia y una limitada coordinación entre los órdenes de gobierno para disminuir los niveles de violencia criminal y atender a las víctimas de manera integral.

La comisión, presidida por Raúl González Pérez, observó que la atención de la seguridad a las personas oscila entre la ineficacia y el abuso, dando lugar a violaciones de derechos humanos, ya sea por acción u omisión. “Preocupa particularmente que las agresiones a las personas periodistas y defensoras continuaron, incluso privando de la vida a un número importante de ellas”.

De acuerdo con el organismo garante, un reflejo de ello es el número de recomendaciones por violaciones graves que se emitieron durante el 2017; “sin desconocer que los hechos fuesen anteriores a este ejercicio, ya que, de nueve recomendaciones históricamente emitidas de origen bajo esta calificación, cinco corresponden a este año”.

De esta clasificación destacó los casos de la venta de niños y niñas en el estado de Sonora, los cuerpos de personas localizadas en fosas en Cadereyta, Nuevo León; el excesivo uso de la fuerza que propició el fallecimiento de varias personas en Nochixtlán, Oaxaca; las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la retención ilegal en Papantla, Veracruz; así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca.

En este contexto, la CNDH pormenorizó que durante el 2017, la comisión emitió un total de 97 instrumentos recomendatorios, los cuales se desglosan —de acuerdo con sus características— en 81 recomendaciones; cinco recomendaciones por violaciones graves; así como ocho recomendaciones en materia de prevención de la tortura y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y tres generales.

Las recomendaciones emitidas el año pasado se relacionaron con 3,496 víctimas de violaciones a derechos humanos y 131 personas quejosas.

En relación a las cinco recomendaciones por violaciones graves, la Comisión Nacional aclaró que fueron dirigidas a 15 autoridades durante el 2017, entre las que destacan gobiernos locales, la Procuraduría General de la República y fiscalías estatales. En el desglose se aprecia que ninguna presenta un status de cumplimiento total.

La mitad de las autoridades que fueron sujetas a recomendaciones por violaciones graves muestran un status de “aceptadas con cumplimiento parcial”. Una, el gobierno de Veracruz, registra status de “aceptada sin pruebas de cumplimiento” en el caso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la retención ilegal en Papantla.

Tres autoridades más aceptaron la recomendación y están en tiempo de presentar pruebas y las últimas cuatro están en tiempo de responder a la CNDH.

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