Absolutamente todos los poderes judiciales en México están reprobados en justicia abierta.

De acuerdo con el informe (In) justicia abierta. Ranking de la Opacidad Judicial en México, elaborado por el colectivo Equis Justicia para las Mujeres, organización feminista que desde el 2011 busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres, y presentado en la Cámara de Senadores, los poderes judiciales más opacos son los de Aguascalientes, Morelos, Puebla y Estado de México; no proporcionaron la información solicitada e incluso no consideran que hacerlo sea parte de sus obligaciones.

El Poder Judicial de Yucatán fue el mejor calificado, con apenas 47.5 puntos, de un total de 100.

En cuanto a sentencias emitidas, de 32 poderes judiciales, 18 no reconocieron ni registraron el número de sentencias emitidas en el 2017.

Salvo el Poder Judicial de Coahuila, el resto del país no reportó acciones para difundir las sentencias que emiten.

Solamente el Poder Judicial de San Luis Potosí considera que todas las sentencias emitidas son de interés público y, por tanto, deben ser publicadas; 96.9% no opina lo mismo.

Por lo que hace a las sentencias publicadas, sólo el Poder Judicial de Durango reportó la publicación en sus portales web de todas las sentencias emitidas durante el 2017.

El total de los poderes judiciales locales no cuenta con una política de transparencia proactiva, y 100% tampoco no tiene un criterio homogéneo del concepto de interés público.

Ana Pacova, directora ejecutiva de Equis Justicia, informó que el colectivo trabaja en conjunto con el senador Clemente Castañeda (MC), presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República, en la confección de la iniciativa de reformas a la Constitución para establecer que todas las sentencias judiciales son de interés público y, por lo tanto, tienen que hacerse públicas.

“Las sentencias son la parte más sustantiva del trabajo que realiza el Poder Judicial y sin acceso a ellas la ciudadanía no puede saber qué tipo de justicia se imparte en México”.

La ley general de transparencia, explicó, establece que los poderes judiciales estatales únicamente cuentan con la obligación de hacer públicas las sentencias que consideren son de interés público, sin existir una definición clara de qué se entiende por interés público.

“El saldo es que hay 19 poderes judiciales que no han hecho pública ni una sola sentencia en los últimos dos años. Esto, para un servicio público, es impermisible”.

Ana Laura Magaloni, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó que el juzgado de primera instancia es el que pacifica los conflictos de 93% de la población y, sin embargo, es el de mayor abandono y rezago.

Mientras la situación continúe así, anticipó, habrá una sociedad convulsionada, conflictiva y violenta por el referido cuello de botella.

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