Anualmente entran por la frontera norte, provenientes de Estados Unidos, aproximadamente 200,000 armas de manera ilegal, por lo que es necesario que México incluya el tema en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consideró el aspirante presidencial Ricardo Anaya Cortés.

En conferencia de prensa, el abanderado de la coalición Por México al Frente (PRD, PAN y Movimiento Ciudadano), precisó que si bien al país vecino del norte le preocupa la migración ilegal, a México le preocupa que “ocho de cada 10 armas” que son incautadas por las autoridades mexicanas, y cuyo origen se logra rastrear, provienen de Estados Unidos.

“Estas armas que están llegando a México son las armas que están utilizando los delincuentes para ejercer la violencia en nuestro país”, afirmó Anaya Cortés.

Más tarde, en un encuentro con decenas de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en Tlaquepaque, Jalisco, Anaya reiteró que México debe tener una postura más firme con respecto a las negociaciones con Estados Unidos.

“La única manera de que México obtenga una buena negociación con Estados Unidos es poniendo todo, con mayúsculas, sobre la mesa en una sola negociación”, dijo el abanderado presidencial.

legalización

En otro tema, el expresidente panista indicó que está a favor de que la legalización de la mariguana con fines recreativos se abra a un debate nacional “sin prejuicios”, que empiece en las universidades del país, para luego impulsarse a nivel regional.

“En Estados Unidos ya se está legalizando en la mayoría de los estados y en la medida en lo que eso ocurra en el vecino del norte, debe haber también una discusión en México (...) Yo estoy absolutamente abierto a esta discusión y me parece sensato dar esa discusión”, afirmó.

En el debate, añadió Anaya Cortés, como puntos a discutir se deberá analizar la manera en la que la legalización del enervante puede cambiar el panorama de violencia en México, además de cuáles serían los posibles impactos que tendría la legalización en la salud pública del país.

hector.molina@eleconomista.mx