El Senado de la República busca desahogar en los próximos días la reglamentación de figuras como la iniciativa ciudadana y la preferente, la consulta popular, así como dar trámite a reformas que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre expulsión de extranjeros y suspensión de garantías.

La Comisión de Gobernación ha citado a sus integrantes para hoy y el próximo jueves, con el fin de dictaminar tales reformas. Un primer proyecto que también será analizado por otras comisiones , plantea incluir en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión un Título Quinto, con las reglas y los procedimientos de la iniciativa ciudadana y la preferente.

Por ejemplo, el proyecto de dictamen plantea que la Mesa Directiva de la Cámara donde se presente la iniciativa ciudadana solicitará al Instituto Nacional Electoral que revise que ésta cuente con el respaldo de 0.13% de la Lista Nominal, dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales.

Asimismo, se describe el procedimiento para desahogar las iniciativas preferentes del Ejecutivo federal.

La comisión o comisiones podrán trabajar en conferencia a fin de agilizar el análisis… , se lee en el proyecto de dictamen.

También se prevé la emisión de una nueva ley, cuyo objetivo será regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, un tema junto con la iniciativa ciudadana que han impulsado legisladores del PRD.

En los dos casos anteriores se trata de reformas que provienen de la Cámara de Diputados.

Como parte de las reuniones que sostendrá esta semana, la Comisión de Gobernación desahogará una ley reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución, con base en iniciativas del presidente Peña Nieto y de diversos senadores, para establecer que serán expulsados del país aquellos extranjeros que constituyan una amenaza para la seguridad nacional, para el orden o la seguridad pública.

Los senadores, además, buscan expedir la ley reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, con base en proyectos del Ejecutivo federal y de senadores.

La restricción o suspensión de derechos y garantías sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto , reza el proyecto de dictamen.

Se argumenta que la restricción o suspensión de derechos y garantías tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

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