De diciembre del 2017 —cuando arrancaron las precampañas— a la fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene conocimiento de 19 asesinatos de personas que aspiraban a un cargo de elección popular, informó el consejero presidente de esta autoridad electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

De las víctimas, 13 eran hombres y seis mujeres. De los varones, seis eran precandidatos y siete estaban ya en campaña registrados como candidatos.

En cambio, del género femenino, dos eran precandidatas y cuatro estaban haciendo campaña como candidatas, detalló el consejero en el marco de la inauguración de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Observatorio de Participación de las Mujeres en México.

Córdova Vianello pormenorizó que estas 19 personas pertenecían a diferentes partidos políticos y todas y todos estaban compitiendo por un puesto de elección popular a nivel local.

En San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Oaxaca, existe registro de un asesinato en cada una de esas entidades. Siete muertes ocurrieron en Guerrero, tres en el Estado de México y tres en Puebla, detalló el consejero presidente del INE.

“La violencia constituye una forma de inhibición de la participación ciudadana en los procesos democráticos y, en particular, la violencia contra las mujeres es una forma de inhibir el empoderamiento político que espacios como éste pretenden empujar”, expresó Córdova Vianello.

En este sentido, se pronunció la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, quien advirtió que la violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y genera un ambiente adverso para el Proceso Electoral Federal.

La magistrada explicó que los órganos jurisdiccionales pueden aportar a la erradicación de violencia a partir de tres enfoques. Primero, con actuación de “un Tribunal Electoral sólido, que se sostenga a partir de sus criterios y de la congruencia”.

Segundo, agregó Otálora Malassis, el enfoque de género. “En nuestras resoluciones (debemos) operar reparaciones transformadoras que se hagan cargo, en la medida de lo posible, de las cuestiones estructurales que generan la violencia, más allá del caso concreto”.

Así, destacó: “Se hace necesario el reproche jurídico a quienes cometen actos de violencia y el establecimiento de acciones efectivas para atenderlos, más allá de la respuesta que hasta ahora ha dado el derecho electoral”.

En tercer lugar, la presidenta del TEPJF dijo que es necesario “mirar los asuntos que se someten a nuestra consideración con un enfoque integral y hacernos cargo de las repercusiones que tienen nuestras decisiones, tanto a nivel individual, como sería el empoderamiento de las víctimas y dignificar a las comunidades implicadas, pero tienen también un impacto social, fortalecer la legitimidad y la credibilidad de las instituciones y la confianza en los comicios que ésa es nuestra responsabilidad”.

El TEPJF y el INE se sumaron a la iniciativa #AltoALaViolenciaPolítica para manifestar rechazo a la violencia política en general y contra las mujeres en particular.