A raíz de la desaparición forzada de los estudiantes y la indignación pública masiva en el fracaso del gobierno mexicano para brindar justicia a las víctimas de delitos y violaciones de los derechos humanos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está en una encrucijada. La autoridad necesita claridad para abordar las cuestiones profundas de la corrupción y el crimen organizado, recomienda la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

Los recientes incidentes, como la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México a manos de soldados, han dejado en claro que las reformas legales recientemente promulgadas para la protección de los derechos humanos, si bien son importantes, no solucionan la grave crisis en la materia que enfrenta México.

Para ello, Clay Boggs y Maureen Meyer, investigadores de WOLA, refieren mediante un análisis que el gobierno necesita con urgencia trabajar para poner fin a la impunidad mediante el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas internos y externos, con el fin de investigar y sancionar a los funcionarios que incurran en delitos y abusos.

Asimismo, el Estado mexicano necesita aplicar plenamente las reformas al sistema de justicia penal para asegurar investigaciones eficaces y la recolección y preservación de evidencia adecuada, respetando las garantías del debido proceso.

Además, el gobierno de México debe fortalecer las instituciones que ha creado, como la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el recientemente anunciado Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Éstas son tareas importantes y difíciles, pero su compromiso se necesita con urgencia, a fin de que el respeto a los derechos humanos, sea una realidad en México , concluyen los investigadores de WOLA.

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