Con la promesa de convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes de septiembre próximo, los diputados metieron freno de última hora a la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional impulsadas por el PRI y respaldadas por el PAN para definir el papel y ámbitos de competencia de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).

Sin embargo, nada garantiza que se logre porque las tres comisiones ordinarias encargadas de dictaminar la minuta enviada por el Senado en abril del 2009 apenas empezarán a trabajar y no muestran prisa.

De acuerdo con la Constitución, el Congreso de la Unión o una sola de las cámaras podrán realizar sesiones extraordinarias, cada que sean convocadas por la Comisión Permanente, pero sólo podrán desahogar temas que las comisiones sometan a su consideración y que se especifiquen.

LOS TEMAS

Entre otro de los temas que podrían desahogarse en un extraordinario está la reforma política, un paquete de cambios para actualizar la ley electoral cuyos decretos ya se aprobaron en comisiones de ambas cámaras, así como la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, obligación legal que los diputados debieron cumplir en octubre del 2010.

¿PEÑA VS BELTRONES?

Entre los protagonistas de la discusión en materia de seguridad nacional destacaron el priísta Alfonso Navarrete Prida, responsable del grupo de trabajo para elaborar el proyecto de modificaciones a la minuta, y Corral Jurado, quien se opuso al pretendido albazo legislativo.

El panista fue más allá. Aseguró que detrás de este debate asomaba una verdadera disputa político-electoral entre el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el líder de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Por lo que hace a la reforma política aprobada ya por los senadores, la urgencia radica en que para que la reforma pueda aplicar en las elecciones del 2012 -en el caso de candidaturas independientes, por ejemplo- deberá aprobarse por el Congreso a más tardar el último día de junio próximo, previa ratificación de al menos 16 congresos locales por tratarse de cambios a la Constitución.

PRI DA PIE AL DEBATE

EL CONGRESO ABRE CAMINO PARA UN EXTRAORDINARIO

El Congreso inició el procedimiento para la apertura de un periodo extraordinario de sesiones. Con los ánimos encendidos, gritos y fuego cruzado entre senadores y diputados del PAN y PRI, en su primera sesión la Comisión Permanente del Congreso solicitó a las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras que elaboren dictámenes sobre las reformas que consideren urgentes.

Las reformas política y laboral, así como los cambios a la Ley de Seguridad Nacional podrían discutirse en el extraordinario.

El debate sobre la apertura de un extraordinario lo abrieron los diputados del PRI, quienes a través de Paula Hernández Olmos presentaron un punto de acuerdo con ese objetivo.

Sin embargo, los priístas no definieron los temas que les interesaban abordar en el extraordinario, como lo ordena la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución.

El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dijo que el PRI debe asumir su responsabilidad de tener la mayoría en la Cámara de Diputados para no frenar las reformas.

El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD) afirmó: Es el PRI el que impone la dinámica de aprobar o no muchas reformas .

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La Cámara de Diputados acordó trabajar los cambios con el Senado para garantizar su aprobación.

Reglamenta las facultades constitucionales del Presidente en materia de seguridad nacional para que el Ejército no haga tareas de la policía y las Fuerzas Armadas, sólo en casos de amenaza a la seguridad interior.

La declaratoria de afectación a la seguridad interior deberá hacerse por escrito para que pueda combatirse jurídicamente, publicarse en el DOF y la Suprema Corte podrá revisar su constitucionalidad y el Ejecutivo estará obligado a informar al Congreso.

Establece que la última medida que debe adoptar el Estado mexicano es la suspensión de garantías.

El Ejecutivo federal podrá adoptar medidas urgentes para atender una afectación a la seguridad interior.

Precisa que el fuero que rige es el civil y no el militar.

Amplía el concepto de seguridad nacional a asuntos como salubridad general y desastres naturales.

REFORMA POLÍTICA

La minuta de la llamada reforma política aprobada por el Senado incluye cambios a la Constitución que deberá ratificar el constituyente permanente en cuanto se apruebe por ambas cámaras del Congreso.

Del decálogo de temas propuestos por el Ejecutivo federal al Senado, eliminó las propuestas de reducir de 128 a 96 el número de senadores y de 500 a 400 el de diputados federales; establecer la segunda vuelta en la elección presidencial; la facultad de la SCJN de presentar iniciativas de ley, y aumentar de 2 a 4% la votación para que partidos conserven el registro.

Los senadores dieron luz verde a la reelección inmediata de diputados federales y de senadores, y fijaron las bases para la reelección inmediata de los alcaldes; a las candidaturas independientes; a la consulta e iniciativa ciudadana; a la reconducción presupuestal; a la sustitución del Presidente en caso de ausencia definitiva, y a la ratificación de los órganos reguladores por parte del Senado de la República.

REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL

La Cámara de Diputados ya aprobó en comisiones un paquete de reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Tipifica como delitos graves las operaciones con recursos de procedencia ilícita en materia electoral.

Define los conceptos de servidores públicos electorales y administradores de recursos de los partidos.

Aumenta las penas de delitos en materia electoral para quedar en prisión de tres a siete años.

Aumentar la pena mínima de prisión de uno a tres años al servidor público que condicione la prestación de un servicio público e incumpla con los programas gubernamentales federales, estatales o municipales.

Aumentar las penas hasta ocho años de prisión a quien por cualquier medio altere el Registro Federal de Electores.

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