El pleno del Senado aprobó en los primeros minutos de este viernes en lo general y en lo particular la reforma educativa y al incluirse varios cambios en materia de calidad se regresó a la Cámara de Diputados.

Luego de esta determinación, de inmediato clausuraron el periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 62 Legislatura.

En una sesión de cerca de cinco horas se aprobó con cambios la minuta, que modifica los artículos 3 y 73 de la Constitución para elevar la calidad de la educación, a través del servicio profesional docente y evaluación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo.

El dictamen de las comisiones de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos Segunda avaló en lo general con 113 votos a favor y 11 en contra.

En lo particular, los senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Fernando Mayans Canabal, del PRD, así como Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), plantearon ocho reservas a los artículos 3, 73, segundo transitorio y quinto transitorio que no fueron aceptadas por asamblea.

Empero, el pleno respaldó la propuesta de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, para que se fortalezca la autonomía de gestión de las escuelas ante los órganos de gobierno que correspondan, a fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos.

También para propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Los senadores incorporaron a la propuesta de la Cámara de Diputados establecer en el texto constitucional el derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos.

De esta manera, precisaron, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura e idoneidad de los docentes y directivos coadyuven al máximo logro de aprendizaje de los estudiantes.

Además, consideraron que en la determinación de planes y programas de estudio de los niveles preescolar, primaria, secundaria y normal, el Ejecutivo considere la opinión de los maestros.

En tanto que para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, incorporaron a la reforma la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

De igual forma, sugirieron que los integrantes del INEE puedan ocupar su cargo hasta por un máximo de 14 años.

La reforma dispone que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria, se agrega en el dictamen, fijará los criterios, los términos y condiciones de evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

Además, serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones de educación superior autónomas.

Determinaron que el INEE será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

También, establece que el Ejecutivo Federal presente una terna para cada uno de los miembros del Instituto y que el Senado proceda a su asignación en un plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos terceras partes.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el Congreso tendrá la facultad para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Al fundamentar el dictamen, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, titular de la Comisión de Educación, explicó que se modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, a fin de incorporar el derecho constitucional a recibir una educación de calidad.

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