De nueva cuenta un sismo estremeció a nuestro país. En esta ocasión los daños no fueron de la magnitud de lo sucedido en el 2017, año en el que se erogaron recursos millonarios por la entonces administración federal, y que registraron presuntas irregularidades en su asignación.

A través de ejercicios de fiscalización sobre los sismos de septiembre del 2017 en Chiapas y Puebla, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló una “deficiente gestión gubernamental para atender las afectaciones”.

El organismo señaló que, para atender esta emergencia, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto destinó 19,804.8 millones de pesos, de los cuales 397.8 millones fueron recursos presupuestales; 18,380.5 millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden); 133.3 millones del Fondo Nacional Emprendedor y 893.2 millones de pesos de la utilización de una línea de crédito de CI Banco a terceros.

Sin embargo, la Auditoría apuntó que no se garantizó que los recursos públicos federales aplicados contribuyeron a resarcir los daños, ya que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no acreditó de forma “confiable” el número de viviendas afectadas por los dos siniestros, ya que en los diagnósticos definitivos identificó 172,057 viviendas, en los programas de obras y acciones 168,256 y en dos bases de datos institucionales 170,199 y 170,871, sin que justificara y acreditara las razones de esas diferencias.

Mientras que para atender dichas viviendas afectadas, se entregaron 166,872 tarjetas con apoyos para reconstrucción y rehabilitación de viviendas por 8,157.4 millones de pesos; sin embargo, tras la revisión se detectó que 2,378 tarjetas con 117.8 millones de pesos se otorgaron aun cuando había discrepancias en la información de los beneficiarios.

maritza.perez@eleconomista.mx