Expertos coincidieron que eliminar el Fondo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas además de dejar sin recursos al mecanismo para la protección de estos grupos, se desconoce de dónde se obtendrán fondos para las medidas de protección, en un contexto en el que México es uno de los países con mayores homicidios de defensores y comunicadores.

Ayer el Senado aprobó la extinción de 109 fideicomisos y fondos bajo el argumento de que el uso de los recursos ha sido de manera discrecional.

Ante ello, se propuso que los recursos que se otorgaban a los beneficiarios de los fideicomisos sea contemplado en el presupuesto de las dependencias federales.

Entrevistado por El Economista, el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, recordó que en el país cada 11 horas se registra un ataque contra la prensa, y agregó que para el fondo de protección las observaciones han sido relacionadas con la operación del mecanismo. Sin embargo, destacó que no hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que señalen un mal uso de los recursos.

Indicó que la figura de fideicomiso garantiza que los recursos no estén sujetos a discusión política y que tengan una operación eficiente, ya que no se tiene que solicitar el dinero directamente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“La pregunta que debemos hacernos es qué va a pasar con los recursos del fondo, con qué recursos se van a atender las medidas de protección a periodistas y defensores si estos recursos se van a sustraer para atender la emergencia sanitaria (...) es una pregunta que al momento sigue sin responder”.

Maldonado enfatizó que entre las preocupaciones que existen está que la Segob pueda disponer de los recursos del fondo para propósitos diferentes a los de la atención y protección.

Por su parte, Jan Albert-Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, coincidió que el fideicomiso evita que los recursos para la protección de comunicadores y defensores sean utilizados para otros fines y, agregó, que “las consecuencias pueden ser bastante graves, porque no estamos hablando de algo que puede esperar, sino que se habla de la protección de vidas”.

Albert-Hootsen detalló que la eliminación del fondo se ve como un retroceso y “lo que nos llama la atención es que su eliminación es como atacar una mosca con un cañón. En realidad lo que México necesita es una mejor auditoría de los fideicomisos y fortalecer todas las estructuras que existen en vez de eliminarlos por completo”.

Consideró que más allá de optimizar el funcionamiento del mecanismo de protección, México debe mejorar la procuración de justicia, ya que si bien existe una fiscalía especializada para atender las agresiones contra la prensa, en otros países dichos actos son considerados de importancia nacional.

“El ejercicio de parlamento abierto que se realizó en la Cámara Diputados para abordar este tema fue un fracaso. En mayo tuvimos mesas de diálogo, expresamos estas observaciones y el Congreso de la Unión no rescató ni una sola observación y simplemente continuaron con su propuesta, que desde un inicio nosotros consideramos que era mala”, enfatizó.

El experto concluyó que a nivel internacional preocupa que la eliminación de los fideicomisos puede afectar el desarrollo de la ciencia, cultura, deporte, entre otros, así como los derechos de las y los beneficiarios.

marisol.velazquez@eleconomista.mx