Con 790 iniciativas de reformas a diversas leyes pendientes de dictaminar en comisiones, y un paquete de decretos por someter a la discusión y eventual aprobación del pleno, a la Cámara de Diputados sólo le restarían tres sesiones ordinarias, incluida la de hoy, para dar por concluido el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

A pesar del cúmulo de asuntos rezagados, los diputados cerrarían el periodo de sesiones ordinarias en curso el 12 de diciembre, tres días antes del límite que establece la Constitución.

La Junta de Coordinación Política, máximo órgano de decisión integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara Baja y presidido por Mario Delgado, coordinador de Morena, la fuerza política mayoritaria acordó desahogar, con seguridad, solamente tres asuntos en lo que resta del año.

La enmienda constitucional para reducir a la mitad el financiamiento público a partidos políticos, la nueva Ley de Amnistía y la expedición de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro) son los temas a los que se dará prioridad.

De las seis iniciativas remitidas por el Ejecutivo federal de septiembre pasado a la fecha, entre las que destacan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2020, la Cámara Baja ya concretó cinco y sólo falta expedir la citada Ley de Amnistía, cuyo proyecto fue remitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de septiembre.

Con base en los plazos acordados, la nueva ley será dictaminada esta tarde, en comisiones, y remitida de inmediato a la Mesa Directiva para agendar su discusión y aprobación por el pleno cameral, la próxima semana.

De acuerdo con el dictamen del citado ordenamiento, que consta de ocho artículos y tres transitorios, el objetivo es decretar amnistía en favor de personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes, por los delitos de aborto, homicidio por razón de parentesco, contra la salud si quien lo cometió es pobre o indígena, robo simple y sin violencia, y sedición.

La nueva Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, cuya iniciativa fue presentada por Mario Delgado, pretende reordenar el sistema financiero rural.

El proyecto plantea transformar la actual Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en una institución de banca de desarrollo con al menos tres unidades de negocio: financiamiento con capital y con crédito en todas sus modalidades, y administración de riesgos y operaciones derivadas.

Aunque se pretende someterla a discusión y votación del pleno cameral la próxima semana, la reforma constitucional para reducir 50% las prerrogativas de que gozan los partidos no cuenta con el consenso necesario para su aprobación, por lo que se congelaría.

Por tratarse de un cambio constitucional, su aprobación requiere de mayoría calificada de votos y sólo tiene el respaldo de Morena y del PES.

Desde el Senado de la República, se apuesta por proyectos legislativos que ya han sido avalados por la colegisladora

Antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, es decir, en la segunda semana de diciembre, las y los legisladores podrían resolver dos reformas constitucionales, dos modificaciones legales y diversos nombramientos.

Entre los asuntos que tenía pendiente la Cámara Alta —que fueron aprobados previamente en la Cámara de Diputados— se encontraba la reforma a los artículos constitucionales 108 y 111, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de la eliminación del fuero.

En la minuta enviada desde San Lázaro se pretendía establecer que el Ejecutivo federal pudiera ser acusado y procesado legalmente por delitos electorales y de corrupción, al igual que los señalados en el Artículo 19 de la Carta Magna.

Sin embargo, la Cámara Alta rechazó las modificaciones de la colegisladora de no incluir a las y los integrantes del Congreso de la Unión para que también pudieran ser sujetos a la eliminación del fuero. El proyecto legislativo fue devuelto a la Cámara de Diputados.

Asimismo, el Senado de la República deberá retomar la reforma al Artículo 28 constitucional, en materia de condonación de impuestos, el cual fue devuelto por los diputados federales.

Además, se deberá discutir ante el pleno la modificación de los artículos 116 y 127 de la Constitución, que busca regular las remuneraciones de los servidores públicos para garantizar que los que integran organismos nacionales y cualquier institución dotada de autonomía constitucional, ganen menos que el presidente de la República.

En el rubro de reformas legales, se encuentran las minutas con proyecto de decreto relacionadas con el cambio de nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, así como las modificaciones al estatuto de las Islas Marías.

Luego de que el nombramiento de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dividiera a las fracciones parlamentarias, se acordó que las próximas designaciones se realizarían con total transparencia.

Entre los nombramientos pendientes destaca el de las aspirantes de la terna enviada por el Ejecutivo federal para ocupar la vacante de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual contempla a Margarita Ríos-Farjat, Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Maury.

También está pendiente nombrar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a los cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República.

Además, está en trámite la designación de los consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, de los cuales dos concluyeron el encargo y cuatro presentaron su renuncia.

Entre los asuntos más controversiales que tenía el Senado por resolver antes del 30 de octubre de este año, era la legislación para regular el uso de cannabis. Sin embargo, tras una solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, la Suprema Corte otorgó un nuevo plazo que vence el último día del periodo ordinario de sesiones que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril del 2020.