La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 78/2017 al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad y al ayuntamiento de Ajalpan, por el linchamiento de dos jóvenes encuestadores.

De acuerdo con el documento, ambos hermanos acudieron a ese municipio el 19 de octubre del 2015, a fin de realizar el ejercicio estadístico sobre los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz.

Sin embargo, la actividad resultó sospechosa para pobladores, quienes solicitaron la presencia de la Policía. Ante la actitud violenta de algunos pobladores, los jóvenes fueron trasladados por una patrulla a la comandancia municipal para esperar al supervisor de la compañía.

A pesar de ello se esparció el rumor que los hombres eran “secuestradores de niños” por lo que pobladores ingresaron al inmueble por los jóvenes, los que habían sido llevados a la azotea por los policías, hasta donde arribó la turba para golpearlos y prenderles fuego afuera de las instalaciones.

La CNDH dio cuenta de la omisión de la autoridad municipal para pedir apoyo de policías de municipios aledaños desde que la población comenzó a aglomerarse al exterior de la comandancia para linchar a los encuestadores, así como no proteger a las víctimas permitiendo el ingreso y permanencia al inmueble de los pobladores.

“También se acreditó la actitud omisa del presidente municipal de Ajalpan, quien fue enterado oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del lugar se presentó cuatro horas después”, refirió.

Asimismo, documentó que al arribar personal de la policía estatal, uno de los jóvenes estaba con vida, y tras ser agredidos y replegados por la turba, los uniformados no hicieron mayores acciones para rescatar a la víctima.

El organismo nacional señaló que aún con el reporte de 16 linchamientos en la entidad en los últimos cuatro años, ni el ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y General de Gobierno, adoptaron medidas o protocolos de actuación frente a estas situaciones.

Por ello la CNDH llamó a estudiar, actualizar y publicar el Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos, así como del Bando de Policía municipal, además de diagnosticar la operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia.

“De manera particular, se recomienda al gobernador del estado construir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas”, detalló.