El colectivo Fiscalía que Sirva hizo un llamado para que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, haga pública su declaración de conflicto de intereses, además de que rompa lazos  con el abogado Javier Coello Trejo, quien a su vez representa a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y a quien se le relaciona con presuntos actos de corrupción.

Mediante una nota de prensa, el colectivo de organizaciones civiles refirieron que se deben implementar tres acciones sobre el caso: que el fiscal general haga pública su declaración de intereses y transparente su vínculo con el abogado Coello.

Así como que revoque el poder otorgado al abogado que comparte con Lozoya y que dé “vista a las autoridades competentes para realizar la investigación que corresponda sobre el actuar de personas que siendo servidores públicos de la fiscalía hubieran continuado con actividades profesionales incompatibles con su cargo”.

El colectivo Fiscalía que Sirva, que se conforma por organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicanos para los Derechos Humanos y la Democracia, Fundar, entre otras, indicó que no es justificable que la investigación del caso Odebrecht, con el cual está vinculado Lozoya, esté adscrita a la oficina del fiscal.

“En este sentido, (la fiscalía) deberá dar a conocer las razones detrás de esta decisión y transparentar a cargo de qué equipo está la misma. La Fiscalía Anticorrupción es un logro de un conjunto de organizaciones y actores que apostaron a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta investigación debería ser asignada a la fiscalía correspondiente”, indicaron las ONG.

Aunado a ello, el colectivo de organizaciones civiles indicaron que a unos seis meses de haber entrado en vigor la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General hay diversas acciones que preocupan.

Una de ellas es la falta de nombramiento del titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera y la falta de publicación del perfil que debe cumplir el primer fiscal de Derechos Humanos, cuya designación debería estar a más tardar el 18 de julio próximo, según el artículo 18 transitorio de la ley orgánica de la fiscalía.

Además de que alertaron sobre los nombramientos de titulares de fiscalías especializadas que no acataron lo establecido en los “artículos 102 de la Constitución y los artículos 22, 23 y 24 de la ley orgánica (décimo octava disposición transitoria)”.