Especialistas en la materia y académicos plantearon a la Cámara de Senadores la necesidad de crear una Guardia Nacional verdaderamente civil para evitar que se siga violando, como desde 2006, la Constitución.

Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas e integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, afirmó que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad pública va contra el Artículo 129 constitucional, el cual mandata que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

En el arranque de las audiencias públicas que mediante el sistema de parlamento abierto realizará la Cámara de Senadores durante toda la semana para analizar a fondo el contenido de la minuta que contempla reformar ocho artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional, Corcuera consideró que para lograr la civilización de la seguridad pública se requiere nutrir a las fuerzas policiales con civiles formados conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, no a la disciplina militar.

Al participar también en la mesa “Constitucionalidad y convencionalidad”, junto con una decena de ponentes, Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), alertó en el sentido de que la sola creación de la Guardia Nacional no resolverá la crisis de seguridad que vive México.

Es necesario, sobre todo, explicó, reconstruir a las policías civiles de los tres órdenes de gobierno, y a las instituciones de impartición de justicia a fin de que se apeguen a procesos que cumplan con el respeto a los derechos humanos y a modelos exitosos de investigación.

La Suprema Corte, precisó, ya determinó que el mantenimiento de la seguridad corresponde a órganos civiles y recomendó que sólo como excepción se pueda aplicar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, manifestó su deseo de que los principales argumentos de actores expertos en derechos humanos y abogados sobre los riesgos asociados a la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sean tomados en cuenta porque a la fecha “no han logrado convencer a los legisladores de cambiar de raíz el rumbo troncal de la propuesta”.

Entre otros planteamientos, sugirió eliminar los componentes castrenses del diseño de la Guardia Nacional; “su definición civil no debe ser desmentida por los componentes del orden militar que existen en la minuta”.