Amnistía Internacional (AI) manifestó su rechazo público a la propuesta de Ley de Seguridad Nacional que se analiza en la Cámara de Diputados, al señalar que de aprobarse en sus términos, debilitaría la protección de los derechos humanos.

Al presentar un posicionamiento sobre el tema, el Capítulo México de Amnistía Internacional considera que el documento legalizaría el incremento de violaciones a las garantías individuales y a la impunidad.

Plantea que en particular autorizaría a las fuerzas armadas desarrollar funciones propias de las autoridad civil, a través de figuras como la 'declaración de afectación la seguridad interior'.

Entre ellas, precisa, se permitiría legalmente a las fuerzas armadas llevar a cabo detenciones, cateos, establecer retenes, intervenir comunicaciones y hacer labores de inteligencia.

"Las fuerzas militares no están diseñadas ni capacitadas para ejercer esas funciones con pleno respeto a los derechos humanos", advierte Amnistía Internacional, al señalar el riesgo que implica que el Ejército se haga cargo formalmente de dichas labores.

El organismo recuerda que desde hace tiempo ha solicitado que las autoridades militares dejen las labores policiacas que de facto realizan desde que inició el sexenio, precisamente por los riesgos que supone para los derechos humanos de la población.

Por el contrario, se necesita que las autoridades civiles se capaciten en materia policiaca y en procuración de justicia, pero sobre todo que el uso de la fuerza, cuando sea necesario, conlleve también el respeto a las garantías individuales con independencia de los eventuales delitos que llegue a cometer cualquier persona.

Según Amnistía Internacional, la Ley de Seguridad Nacional debería centrarse en garantizar un adecuado combate a la delincuencia y al acceso generalizado a una justicia expedita, transparente y equilibrada para todos con estándares internacionales de respeto a las garantías individuales.

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