El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia negó que la Ley de Seguridad Interior, que se encuentra actualmente en discusión en el Senado, facilite que las Fuerzas Armadas actúen bajo discrecionalidad. 

“En ningún momento dice eso la Ley, yo por eso sugiero que se lea con atención porque lo que plantea es que precisamente, en uno de sus artículos, qué es el uso de la fuerza y cómo debe manejarse el uso de la fuerza con la graduación que se requiere precisamente de acuerdo con el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU y con los principios básicos para el empleo de arma de fuego de la misma Organización de las Naciones Unidas”, dijo. 

Al término de la inauguración de un Foro para Prevenir y Atender la Violencia contra Grupos en situación de Vulnerabilidad, el comisionado añadió que es posible que la Ley sea impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, dicho órgano constitucional, afirmó, ha precisado en otras ocasiones que son constitucionales las tareas que desempeñan de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. 

“Desde 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha dicho que las Fuerzas Armadas pueden auxiliar a las fuerzas civiles, a la sociedad civil, a la autoridad civil, precisamente en cuestiones de seguridad”, subrayó.    

Asimismo, Sales Heredia indicó que a la par de la aprobación de la Ley de Seguridad, se debe de reformar el Artículo 123, apartado B, sección XIII, pues dicho artículo discrimina a los operadores del sistema penal; policías, fiscales y peritos. 

“¿Por qué discrimina?: porque permite que a los policías sí se les aplique retroactivamente la ley en perjuicio, solamente de policías, peritos y fiscales y, una vez que un policía demuestra que fue injustamente removido de su encargo y quiere de nuevo portar su uniforme, la Constitución se lo impide, eso no pasa en ningún país del mundo, no podemos construir policías con futuro montados en cimientos de arbitrariedad, de incertidumbre y de desprecio”, apuntó. 

Dicho artículo precisa que si las autoridades resuelve que la separación del cargo o baja fue “injustificada el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio”.

hector.molina@eleconomista.mx