La consulta pública sobre Uber tendrá un costo de 12.7 millones de pesos, cuyo monto, a consideración del Congreso del estado, es excesivo para un ejercicio que tendrá verificativo únicamente en el municipio de Benito Juárez.

“Me parece que esta idea del Ieqroo (Instituto Electoral de Quintana Roo) de querer cobrar estos casi 13 millones de pesos es desproporcionada; no me parece justo para las condiciones económicas que vive el estado, porque lo único que tiene que hacer la autoridad laboral es poner una urna y mandar a imprimir unas boletas sin todos los candados de seguridad que exige una boleta para elecciones constitucionales”, aseguró el presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila.

Insistió en que se trata una cantidad muy elevada, porque además la consulta sólo se celebrará el Benito Juárez, donde el padrón es de un aproximado de 540,000 electores.

“No parece que se justifique que el Ieqroo pretenda generar este gasto, porque además lo está pidiendo al gobierno del estado, y yo sé que el estado no tiene la suficiente economía para destinarle esa cantidad de recursos”, dijo.

“Si mañana se quiere organizar una consulta de alcance estatal, imagínense cuánto va a querer cobrar el Instituto Electoral del estado. Esto lo único que revela es el Ieqroo no está colaborando”, agregó.

Cabe recordar que la propuesta de la consulta proviene del gobernador Carlos Joaquín González, quien fijó como fecha para su realización el 1 de julio de este año, es decir, el mismo día de las elecciones federales. En este ejercicio se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler, a través de plataformas digitales.

Ley de movilidad

Sobre este mismo tema, el diputado Martínez Arcila dijo que esperarán a los resultados de la consulta para aprobar la Ley de Movilidad que está detenida en el Congreso del estado, ya que la regulación de las plataformas digitales de transporte forma parte de la ley que está en análisis.

Dijo incluso que esa nueva ley ya está lista, porque se realizaron las consultas con los diferentes actores involucrados en temas mucho más amplios y variados que no necesariamente tienen que ver con la consultas sobre Uber.

Adelantó, sin embargo, que esperarán a los resultados de la consulta para legislar todo lo demás relacionado con temas de transporte y movilidad en el estado.

Algunas voces como la del presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, han criticado esta postura del Congreso estatal, ya que consideran que esta decisión sólo ha hecho que la nueva Ley de Movilidad quede supeditada al tema Uber, porque cualquiera que sea el resultado de la consulta se aplicará posterior a las elecciones de julio de este año, condenando a que prácticamente todos los otros temas relacionados con el transporte en el estado se legislen muy probablemente hasta la entrada en funciones de la siguiente legislatura.

“Ya todo lo que es la Ley de Movilidad se quedó en medio de esto, y para que se rehaga o se retome será hasta finalizando esta legislatura, entonces prácticamente sólo están pateando el bote hacia adelante, evadiendo una toma de decisión de carácter político”, aseguró.

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