La ley de transparencia mexicana estableció la necesidad de promulgar tres leyes generales: de transparencia y acceso a la información; de protección de datos personales y de archivos. Mientras la primera contó con el compromiso de un grupo de Senadores y con la determinante participación de la sociedad, la última ha generado zozobra.

Lourdes Morales, miembro del Consejo Consultivo de AMEDI.

Hace dos meses, la ley de transparencia mexicana fue considerada como la mejor del mundo.

Esta ley fue producto de una reforma constitucional que estableció la necesidad de promulgar tres leyes generales: de transparencia y acceso a la información, de protección de datos personales y de archivos.

Mientras la primera contó con el compromiso de un grupo de Senadores y con la determinante participación de la sociedad, la última ha generado zozobra.

Dos aspectos son de particular alarma: el primero, que se pretenda dejar el control de la política nacional archivística en manos de la Segob. El segundo, que se pretenda revisar el contenido de los archivos que ya son de acceso público para valorar, a través de un grupo de burócratas sin especialización, cuáles documentos se destruyen y cuáles se conservan. Aprobar una ley en estos términos sería un retroceso. Algo tan absurdo como volver a dejar que la Segob organice los procesos electorales.

Lourdes Morales

Emiliano Montes de Oca, asesor jurídico en Anticorrupción y Transparencia de Ethos

Emiliano Montes de Oca

La iniciativa de Ley General de Archivos fue presentada el 17 de noviembre del 2016 por senadores del PRI y del PAN.

La iniciativa busca crear una ley que garantice la organización y administración homogénea de los archivos en el ámbito federal, local y municipal. Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

En la iniciativa se propone que el Sistema Nacional de Archivos cuente con un Secretariado Ejecutivo con autonomía operativa y técnica a cargo del titular del Archivo General quien será nombrado por el Ejecutivo Federal.

De igual manera, instaura un Consejo Nacional de Archivos, órgano de coordinación del Sistema Nacional, presidido por el secretario de Gobernación.

Finalmente se propone que el Archivo General de la Nación, tenga una naturaleza jurídica de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

La problemática

En los últimos días, organizaciones de la sociedad civil, historiadores e investigadores, se han manifestado en contra de la iniciativa de ley, argumentando, principalmente, que otorgarle la tutela y rectoría del Sistema Nacional de Archivos y del consejo a la Secretaría de Gobernación, así como que la dirección del Archivo sea designada por el presidente de la República, conllevaría a una regresión democrática y censura .

Su propuesta, al ser los archivos la base del sistema de transparencia y combate a la corrupción, se reduce a que se le otorgue autonomía técnica al Archivo General de la Nación y que su titular sea nombrado por el Senado de la República.

Aspectos que deben cuidarse

El principal y fundamental aspecto que debe de tomarse en consideración al momento de elaborar la Ley General de Archivos es contemplar la necesaria independencia que los organismos que conforman el Sistema Nacional y su consejo, así como del Archivo General de la Nación, deben tener para organizar y administrar correctamente y con plena transparencia los archivos de ésta.

Para ello, consideramos que se debe escuchar la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, de los historiadores e investigadores, para que, si bien no se le otorgue una total autonomía y deslinde del Ejecutivo Federal, puedan existir mecanismos de control que aseguren la correcta administración, la transparencia y el acceso a los documentos.

David Mora, oficial adjunto del Programa de Derecho a la Información, Artículo 19

David Mora

La iniciativa flaquea en dos frentes de enorme preocupación:

Uno, se deben anteponer perfiles y criterios técnicos, no políticos, para construir una verdadera política archivística. Esta ley es el momento oportuno para fortalecer al Archivo General de la Nación y los archivos locales; ya se comprobó que su dependencia de los Ejecutivos no significa mayor margen de acción. Por el contrario, mantener la conducción de la Segob, deja en riesgo incluso a los sistemas de Transparencia y Anticorrupción.

Dos, basta de intentos de revisión histórica y uso ilegítimo de la protección de datos personales para este fin. Los documentos históricos son públicos y de consulta irrestricta. Es necesaria una ley que reafirme esto, que asegure que los documentos lleguen a los archivos históricos y una vez que estén ahí, no puedan ser revalorados ni depurados.

Ixchel Cisneros Soltero, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)

Ixchel Cisneros

Son varios los pendientes en esta ley, pero consideramos indispensable que se considere a los archivos históricos fuente de acceso público como lo marca la Ley General de Protección de Datos Personales para que no exista posibilidad de opacidad.

Además, la valoración de los documentos en los archivos administrativos debe ser realizada por un grupo multidisciplinario, con la presencia obligatoria de un profesional de la historia y nos oponemos a que los documentos que ya se encuentran en los archivos sean nuevamente valorados, pues esto podría conllevar a que algunos de ellos sean destruidos o sustraídos por causas políticas.

También estamos en desacuerdo con que el Sistema Nacional de Archivos quede bajo el mando de la Segob y que la dirección del Archivo sea designada por el presidente de la República, ya que esto podría comprometer la construcción de la memoria histórica a los intereses políticos del momento.

Justine Dupuy, coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar

Justine Dupuy

La Ley General de Archivos (LGA) no debe revertir los avances logrados en materia de transparencia y rendición de cuentas en el país. Según el ránking del Center for Law and Democracy, nuestra Ley General de Transparencia es la mejor del mundo y representa una mejora importante para la garantía del derecho a la información. La LGA debe buscar insertarse en este esfuerzo y seguir fortaleciendo la apertura en el país.

Sin embargo, la iniciativa presentada hace un par de semanas pone en riesgo el acceso a la memoria histórica y el derecho a la verdad. Entre otros puntos preocupantes está el aumento del control político sobre los archivos con un Consejo Nacional de Archivos encabezado por la Segob. Esto va en el sentido contrario de lo que se necesitaría: fortalecer y asegurar la independencia del Archivo General de la Nación.

erp