El gobierno de Puebla, que encabezará Miguel Barbosa Huerta a partir del 1 de agosto, recibe un estado con finanzas sanas, particularmente en obligaciones financieras.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pública de la entidad ascendió a 5,258 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2019, el menor nivel desde igual periodo del 2007, cuando este indicador fue de 2,396 millones.

A partir del 2012, la deuda pública de Puebla, que incluye financiamientos de organismos estatales, dibujó una tendencia a la baja. Comparando los saldos de marzo, las obligaciones financieras de la entidad llegaron a su punto máximo con 8,421 millones de pesos en el 2011, fecha en la que ya estaba como mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, quien entró en funciones el 1 de febrero de dicho año.

Lo anterior significa que Moreno Valle Rosas recibió una deuda pública de más de 8,000 millones de pesos —herencia de Mario Marín Torres—, indicador que al acabar su gestión, el 31 de enero del 2017, registró un monto de 5,600 millones, logrando una reducción de 33.5 por ciento.

El siguiente gobernador, José Antonio Gali Fayad, siguió la misma ruta. Durante su mandato (1 de febrero del 2017 al 13 de diciembre del 2018), la deuda pública pasó de 5,600 millones de pesos a 5,322 millones, una reducción nominal de 5.0 por ciento.

El mandatario interino, Guillermo Pacheco Pulido, que asumió el cargo tras la muerte de Martha Erika Alonso Hidalgo, deja obligaciones financieras por 5,258 millones de pesos, cifra al cierre del primer trimestre del año en curso; la SHCP aún no publica el corte de la primera mitad del 2019.

Dicho saldo ocupa el lugar 20 a nivel nacional, es decir, de las deudas más bajas del país. Las primeras posiciones son para la Ciudad de México (80,823 millones de pesos), Nuevo León (71,768 millones) y Chihuahua (49,522 millones).

Mientras en el Sistema de Alertas, herramienta de la Ley de Disciplina Financiera (nace en el 2016 como un candado para controlar la adquisición de financiamientos), que mide el nivel de endeudamiento, coloca a Puebla en semáforo verde —endeudamiento sostenible—, por lo que su techo de financiamiento neto para el próximo ejercicio fiscal equivale a 15% de sus Ingresos de Libre Disposición (el más alto).

Puebla es la octava economía más grande de México, con una participación de 3.4% en el Producto Interno Bruto nacional. Además, la entidad presentó un crecimiento promedio anual de su actividad económica de 3.7% en el periodo del 2016-2018, ubicándose como el sexto territorio más dinámico de toda la República.

Las calificadoras tienen en buena posición a Puebla. La última acción de calificación de Moody’s México para el estado fue en abril del 2018, con nota de “Baa3/Aa3.mx” y perspectiva Estable. Por su parte, en mayo del año pasado, Fitch Ratings ratificó la calificación de la entidad “AA-(mex)”, también, con perspectiva Estable.

Esta última considera que Puebla muestra entre sus fortalezas una recaudación fiscal sobresaliente, balances superavitarios, política de endeudamiento prudencial que mantiene un nivel de endeudamiento bajo con una sostenibilidad alta.