Cancún, Qroo. Pese a los candados impuestos a la venta indiscriminada de tierras ejidales para ser fraccionadas y ocupadas para vivienda, sin contar con el uso de suelo correspondiente, autoridades federales y estatales continúan detectando incendios provocados que dan paso a nuevos asentamientos humanos.

La presente temporada de incendios en Cancún arroja hasta el momento un saldo de 8,000 hectáreas afectadas y 16 incendios activos, y al menos tres personas detenidas por estar acusados de provocar un incendio, para dar pie a un desarrollo inmobiliario, informó Hernando Guerrero, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quezada, anunció la semana pasada durante su visita a Quintana Roo la celebración de un acuerdo con el gobierno estatal para congelar 20 años los usos de suelo en las escrituras de los predios que hoy son forestales para evitar que sean empleadas en desarrollos inmobiliarios o agropecuarios sin la planeación correspondiente.

Luego de sobrevolar los incendios en territorio quintanarroense, el funcionario federal reconoció que cada año en Quintana Roo se registran incendios provocados por desarrolladores y ejidatarios, para inducir cambios de uso de suelo de forestal a habitacional.

De los cinco incendios que eran considerados preocupantes la semana pasada, por afectaciones potenciales de más de 5,000 hectáreas, varios se ubicaban en zonas susceptibles de incendios para provocar cambios de uso de suelo.

Elvira Quezada afirmó en especial el caso de San Pedro, donde las llamas habían afectado a 800 hectáreas; también mencionó el incendio del predio llamado Coquitos, con un daño a 150 hectáreas, donde se aprobó recientemente un cambio de uso de suelo que el funcionario anunció que será investigado.

El secretario de Desarrollo Urbano de Cancún, Humberto Aguilera, explicó a El Economista que existen 10,000 predios en situación irregular, que no cuentan con los servicios municipales por haber sido fraccionados y vendidos para vivienda sin contar con el uso de suelo correspondiente, pues ni siquiera están dentro del Plan Director de Ordenamiento Urbano del municipio.

Candados

Desde el gobierno estatal se han impuesto candados para frenar la voracidad de los fraccionadores de tierras y evitar que crezca el fenómeno de los asentamientos irregulares. Tal es el caso del polémico decreto 360 que modificó en noviembre del 2010 el Código Penal del estado para introducir la figura de Delitos contra el Desarrollo Urbano.

Dicho decreto prevé castigar a quien fraccione sin contar con el permiso necesario de la autoridad administrativa o que teniéndolo no respete las especificaciones del mismo, así como quien permita asentamientos urbanos sin que la legislación lo contemple.

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