Las condiciones de riesgo en las que personas defensoras de los derechos humanos realizan su labor no han cambiado con la administración de Andrés Manuel López Obrador. En lo que va del año, al menos 10 defensores han sido asesinados y la impunidad en los casos va prevalenciendo, al igual que en sexenios anteriores.

Rodrigo Santiago, director del Programa de Agravios de Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, dijo en entrevista que es una situación delicada en México, misma que va afectando no sólo a personas defensoras sino también a los periodistas.

“Existe una situación muy delicada en el país en el tema de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos (...) Existe un problema muy grave, una situación de riesgo que se ha incrementado en los últimos años y que afecta tanto a periodistas y defensores”, manifestó.

Hemos visto, destacó, que en estos primeros meses hay muchos casos, si bien el panorama general lo tendremos a fin de año, sí advertimos que existe un incremento de agresiones.

Cifras de la CNDH revelan que han sido asesinados en México 45 defensores de derechos humanos del 2006 a la fecha, 10 de ellos ocurridos tan sólo desde el 1 de enero del 2019.

Alejandra Leyva, integrante de Espacio OSC y Cemda, destacó que para las organizaciones de la sociedad civil es preocupante que con la llegada de López Obrador al poder, la violencia contra defensores se ha mantenido al igual que con otras administraciones.

“Nos preocupa que no está siendo un tema prioritario en la agenda del nuevo gobierno y sobre todo nos preocupa que se está manteniendo un discurso desde la administración donde no se reconoce la labor de defensa de los derechos humanos, sino que se está utilizando un discurso estigmatizante”, refirió en entrevista.

“Esto nos alarma porque en este sentido se pone en una situación especial de riesgo a las personas defensoras en el país, como el caso de Samir Flores”, expuso,

Debido a la profundidad de la situación de violencia, consideró que ya se debería estar en la construcción de una política integral de protección a personas defensoras, con énfasis en la prevención de agresiones.

Rodrigo Santiago puntualizó que los estados con mayor incidencia de agresiones son Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, con ataques a defensores del medio ambiente y de derechos indígenas, mismos que consideró están en una situación especial de riesgo porque se encuentran en zonas donde difícilmente pueden ser protegidos.

“(La) construcción de megaproyectos como pueden ser termoeléctricas, de energía eólica, minería u otro de tipo de proyectos de gran calado pueden poner a los defensores en situaciones de mayor riesgo”.